as empresas calificadoras Fitch y Moody’s decidieron, hace una semana, reducir su valoración de las emisiones de deuda de Pemex y CFE, de la deuda pública y de la deuda externa mexicana en general. El planteo de estas empresas es que se sigue deteriorando el perfil crediticio de Pemex, ya que las acciones anunciadas por el gobierno federal son insuficientes para solucionar a largo plazo los problemas de la empresa petrolera. Además, hay una marcada debilidad macroeconómica que, sumada a la amenaza de Trump de imponer aranceles a las exportaciones de productos fabricados en México, plantea un escenario en el que, de acuerdo con estas empresas calificadoras, está aumentando la posibilidad de que el gobierno mexicano, las grandes empresas estatales e incluso importantes empresas privadas incumplan sus obligaciones de pago.
HR Ratings, otra empresa calificadora importante, hace dos días tuvo consideraciones muy diferentes. Planteó que era prematuro reconsiderar la calificación de Pemex, ya que había que esperar la presentación del plan de negocios de la empresa y el Programa Nacional de Infraestructura. Consecuentemente ellos esperarán para fijar su opinión, por lo menos hasta finales de este mes. La diferencia de puntos de vista es reveladora de que en la opinión de las calificadoras hay consideraciones distintas, además de las modificaciones del entorno económico. Los aranceles con los que amenazó Trump no se concretaron, de modo que, aunque hubo alteraciones en diversos mercados, como el cambiario, estas fueron pasajeras. Por ello estas alteraciones de días no pueden justificar modificaciones a la evaluación del riesgo crediticio de Pemex, CFE, el gobierno federal, bancos privados, etcétera.
En respuesta a este cambio negativo de las calificadoras el gobernador del Banco de México (BdeM), pese a diferencias del propio oligopolio calificador, señaló que las reducciones de las calificaciones crediticias del país son en sí mismo un factor de riesgo que debe atenderse para no generar más preocupación
. En su presentación en la reunión de consejeros del grupo BBVA Bancomer, insistió en que hay que atender las recientes acciones de Moody’s y Fitch Ratings que cambiaron la calificación de la deuda mexicana de estable a negativa. El planteo del gobernador del BdeM propone atender la opinión de las calificadoras, lo que significaría reconsiderar planteamientos centrales en materia económica hechos por el gobierno federal.
El banco central se pliega al planteamiento de las calificadoras y, en consecuencia, a la crítica a la política económica del gobierno. La opinión de las calificadoras tiene relevancia, pero no constituyen puntos de vista que sean necesariamente objetivos. Por el contrario, se trata de opiniones claramente interesadas. Las calificadoras sostienen que habrá dificultades para cumplir con los objetivos fiscales en 2020, de modo que lo que sugieren es modificar el propósito presidencial para lograr el equilibrio financiero: mantener controlado el gasto público, no crecimiento de la deuda externa y mantenimiento del marco tributario. Además, los apoyos gubernamentales que se han documentado para sostener la difícil situación financiera de Pemex a las calificadoras les parecen insuficientes.
De modo que atender, como demanda el gobernador del BdeM, los planteos de Fitch y Moody’s significa modificar una estrategia en marcha que, pese a lo que sostienen las calificadoras, no ha tenido tiempo para haber demostrado ser inadecuada. En realidad, como hemos planteado insistentemente, la opinión del oligopolio calificador es parte de una concepción alineada a los fundamentos centrales de la estrategia dominante de funcionamiento económico.
Se trata de un enjuiciamiento que no podrá modificar las valoraciones de las calificadoras, si se sostiene una estrategia económica distinta al fundamentalismo de mercado. Es claro que una parte sustancial del planteo económico del gobierno de AMLO respeta estrictamente lo que el neoliberalismo denomina los equilibrios fundamentales: equilibrio fiscal, control de la inflación y mantenimiento de un déficit en cuenta corriente controlable.
En otros espacios, por el contrario, el gobierno federal ha modificado algunas determinaciones importantes del planteo neoliberal: contradice específicamente la reducción de la presencia estatal en prácticamente todos los ámbitos económicos, lo que significaba que la dotación de bienes públicos debía reducirse. El gobierno actual en diversas áreas ha iniciado actividades para ampliar la oferta de bienes públicos, como el Tren Maya, las refinerías, las nuevas universidades, que más allá de consideraciones que discuten su planteo operativo, constituyen la recuperación de una concepción en la que el Estado juega un papel decisivo que no puede soslayarse recurriendo a las leyes del mercado. De esta manera, lo que pide el gobernador del BdeM no es posible: lo que demandan las calificadoras es inatendible, obliga a un cambio de rumbo que no ocurrirá.
