Madrid. El histórico juicio contra los 12 líderes independentistas catalanes quedó visto para sentencia, luego de 50 sesiones, la declaración de más de 500 personas y el análisis de documentos, videos y fotografías.

Se escuchó de nuevo a los imputados, quienes además de insistir en su inocencia y en el cariz democrático y pacífico de su movimiento, también hicieron una apelación a la sala de lo penal del Tribunal Supremo español para poder volver a la política y buscar una solución al conflicto por las vías del diálogo y el entendimiento.

La última sesión del juicio contra 12 de los 23 líderes que diseñaron la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017 y el referendo de autodeterminación del primero de octubre del mismo año, sirvió para escuchar tanto los alegatos finales de las defensas como la última palabra de los acusados, antes de que los siete magistrados que integran la sala, presidida por Carlos Marchena, se retiren a deliberar.

Se calcula que los plazos para la redacción de la sentencia terminarán en septiembre u octubre, antes de cumplirse los dos años de la prisión provisional, el próximo 2 de noviembre, ya que la legislación española establece dos años como periodo máximo para un régimen de prisión cautelar.

Los imputados son 12 de los dirigentes catalanes que lideraron el proceso secesionista, ya que el ex presidente Carles Puigdemont y nueve de sus ex consejeros se refugiaron en otros países europeos ante el temor a ser sometidos por la justicia española a un juicio político y sin garantías.

A quien más delitos se le imputan es al ex vicepresidente y máximo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

En el alegato final de las defensas, los abogados de los imputados reconocieron que sus defendidos habrían incurrido en un delito de desobediencia, que no contempla penas de prisión. También que no acataron de forma sistemática y rei-terada los autos y prohibiciones del Tribunal Constitucional español para no realizar ni el referendo de autodeterminación, ni la aprobación de las leyes de lo que se suponía iba a ser la nueva república catalana, ni la aprobación de la declaración unilateral de independencia, que se celebró en el Parlamento catalán, aunque no fue votada y se hizo con el hemiciclo semivacío.

La fiscalía y la acusación popular concluyeron que lo que se había perpetrado en Cataluña esos días fue un golpe de Estado con el uso de la violencia, mientras la abogacía del Estado sólo encontró indicios de un delito de sedición.

En su derecho a la última palabra, Junqueras insistió en que lo mejor para todos sería volver a la política. La voluntad de diálogo, con respeto a los derechos humanos, jamás debería ser un delito.

Una concentración de más de mil personas en la Plaza de Cataluña de Barcelona expresó su apoyo a los dirigentes presos y acusó al Estado español de haber perpetrado un atentado a la democracia al vulnerar los derechos civiles y políticos de los líderes soberanistas.