Por acoso sexual, obtener beneficios adicionales, mala conducta, litigar en asuntos privados siendo funcionarios del Poder Judicial de Federación o no presentar su declaración patrimonial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sancionado –desde una amonestación hasta la destitución del cargo– a 102 servidores entre 2018 y lo que va de 2019.

Adicionalmente, entre 2017 y 2018 se iniciaron 74 procedimientos de responsabilidad en contra de jueces, magistrados y secretarios por su actuación dentro del Poder Judicial de la Federación.

Los casos se han dado en por lo menos 20 entidades: Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México, Sonora, Campeche, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Yucatán, Sinaloa, Puebla, Guerrero, estado de México, Baja California y Jalisco.

De acuerdo con información del CJF, lo más reiterado en los empleados es omitir sus declaraciones patrimoniales. De los 102 sancionados, 40 recibieron una amonestación privada, 37 amonestaciones públicas, 26 fueron suspendidos del empleo, cargo o comisión; seis apercibimiento privado, cuatro fueron destituidos del puesto y otros cuatro fueron inhabilitados temporalmente, tres recibieron una sanción económica y dos apercibimiento público.

Los cargos de los sancionados van desde técnico enlace, jefe de departamento, secretarios particulares de magistrados, actuarios, secretarios de tribunal, coordinadores e incluso magistrados.

Apenas en este año se aprobó la sanción para Pablo Guillén González, secretario del juzgado octavo de distrito de procedimientos penales en Puente Grande, Jalisco, quien fue inhabilitado temporalmente por acoso sexual.

También se aprobó recientemente suspender del empleo, cargo o comisión al magistrado de Campeche, Jesús Ortiz Cortez, por notoria ineptitud en el desempeño de sus funciones; en esa misma entidad, el magistrado José Atanacio Alpuche Marrufo recibió un apercibimiento público por falta de profesionalismo en el desempeño de sus funciones.

Destitución de Monterrubio Pontigo

El año pasado se aprobó la destitución del puesto de secretario del juzgado quinto de distrito en materia civil y de trabajo en Nuevo León a Héctor Fernando Monterrubio Pontigo por litigar en diversos expedientes cuando constitucionalmente está prohibido que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación acepten casos particulares.

El pleno del consejo resolvió en su sesión del 5 de marzo de 2014 iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa y suspender al juez de Distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís y de su secretario Monterrubio Pontigo por estar presuntamente relacionados con otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas a casas de apuesta.

Desde 2014, cuando el ministro Juan Silva Meza encabezaba el máximo tribunal y el CJF, se detectó e investigó una red de magistrados, jueces y otros funcionarios que habrían beneficiado a casinos, entre ellos Monterrubio Pontigo.

En noviembre de 2018, el entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, informó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que tenían varias investigaciones contra funcionarios del Poder Judicial de la Federación por posibles actos de corrupción por haber beneficiado con sus resoluciones. Algunas de esas actuaciones, que quedaron para continuar su curso en la Fiscalía General de la República están relacionadas con fallos en favor de integrantes del crimen organizado.