os días antes de entregar la banda presidencial, Enrique Peña Nieto hizo que la sumisa Procuraduría General de la República (PGR) librara de cargos a Ricardo Anaya Cortés, quien había sido candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN).

Ese 28 de noviembre de 2018, mientras la atención nacional estaba centrada en los preparativos del histórico arribo de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, el enteramente manejable Alberto Elías Beltrán, quien fungía como encargado del despacho de la PGR, dejó asentada la incongruente, pero muy indicativa, exoneración del político panista: No existen datos de prueba suficientes aun de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita materia.

Incongruente, se dijo líneas atrás, porque durante largos y definitorios meses se mantuvo una campaña mediática para exhibir los entretelones de las maniobras de enriquecimiento que habría hecho quien era el principal contendiente real contra Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de México. Anaya Cortés fue exhibido en lo personal y lo familiar, con una abundancia de datos y ligas que de manera inequívoca señalaban uno de los varios negocios realizados por el joven político a partir del poder que adquirió en Querétaro, donde fue secretario particular del gobernador (también panista) Francisco Garrido Patrón, y diputado local y federal (siempre por la vía plurinominal).

Impulsado en el plano nacional por el chihuahuense Gustavo Madero, a quien luego dejaría feamente en el camino, y virtual aliado de Los Pinos durante una larga luna de miel política, Anaya Cortés entró en dura e imparable confrontación con el propio Peña Nieto a partir de los comicios del estado de México, donde EPN castigó todo tipo de veleidad panista que afectara o no ayudara a Alfredo del Mazo en su riesgosa batalla contra el morenismo encabezado por la profesora Delfina Gómez (en ese castigo peñista se incluyó la difusión de los más de mil millones de pesos entregados a Josefina Vázquez Mota para triangulada ayuda a migrantes mexicanos en Estados Unidos e incluso filtraciones sobre temas penales que alcanzarían a miembros de la familia de Vázquez Mota).

Con José Antonio Meade Kuribreña que nomás no levantaba (como si tal fuera la estrategia) y presiones no sólo empresariales para que el aspirante no partidista declinara a favor de Anaya Cortés y así se presentara un frente unificado contra López Obrador, surgió el expediente de la nave industrial queretana y las historias de maniobras delictivas para reportarle ganancias millonarias al panista. Esa fue una losa diariamente recargada que limitó las expectativas de crecimiento de Anaya Cortés.

Pero la historia fue finiquitada así como había surgido: en la opacidad de los arreglos políticos de élite. Entre versiones de que personajes del panismo y la iniciativa privada habrían abogado ante Peña Nieto para no dejar el expediente criminal abierto, se produjo el extraño desistimiento de la PGR dos días antes de que el mexiquense pasara a intocable retiro.

Como puede verse, Anaya Cortés puede alegar ahora, cuando el tribunal electoral federal ha determinado que no hubo equidad en la contienda 2018, que es inocente de lo que le imputaban. No es así: por razones políticas, EPN hizo que la PGR se desistiera de las acusaciones, pero ello no significa que el hecho delictivo no hubiera existido. Y el resolutivo del tribunal electoral federal se refiere a la difusión de un video y de comunicados de prensa de la PGR, pero no al fondo del asunto.

Planteado conforme lo acomodó la corrupta y manipulable realidad institucional del México peñista: Anaya Cortés es inocente por cuanto la PGR se desistió de seguir con el asunto, pero la nave industrial queretana fue entregada a la PGR como parte de un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda por parte de la empresa fantasma usada para las triangulaciones de Anaya Cortés.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx