Buenos Aires. Menos de 24 horas tardó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en quebrarse ante las presiones del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, por conducto de varios funcionarios y medios de comunicación afines, lo que fue admitido por el ministro de Justicia, Germán Garavano, al reconocer contactos con los magistrados, para publicar ayer un comunicado algo deshilvanado en el que aclaraba que el juicio oral contra la ex gobernante Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios comenzará el próximo martes, a pesar de las falencias e irregularidades que podrían terminar con su nulidad.

Los supremos con el voto en contra de Carlos Rozanski, impuesto por Macri, solicitaron este miércoles la causa que involucra a la ex mandataria al Tribunal Federal Oral 2 ante la falta de pasos de pruebas, además, porque no se respondió a la demanda presentada por la ex mandataria de auditar toda la obra pública durante su gobierno (2007-2017) y el de Néstor Kirchner (2003-2007) y por el insólito ocultamiento del expediente al que no ha podido acceder la defensa.

El gobierno de Macri no ha permitido las investigaciones sobre las cuentas offshore del presidente, su familia y sus funcionarios, como revelaron Los Papeles de Panamá en 2016. También ha impedido el juicio por la deuda contraída por la familia Macri y el presidente en la compra del Correo Argentino en tiempos del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y no está dispuesto a pagar la deuda de 70 mil millones de pesos, despidiendo a los funcionarios destinados a investigar estos hechos.

Ahora maniobran abiertamente para detener el mayor escándalo político-judicial y mediático en la historia argentina, que comenzó en febrero, cuando se descubrió una red de extorsiones, espionaje ilegal y armados de causas falsas para perseguir y poner en prisión a opositores políticos a los que se les fabrican delitos, como el caso de la dirigente Milagro Sala, del movimiento social Tupac Amaru, detenida en la provincia de Jujuy, donde fundó barrios y poblados para los más humildes, armándole unos 19 procesos sin pruebas concretas.

Abogados de la defensa y expertos en leyes advierten que el juicio oral contra Cristina Fernández no podrá empezar porque existe una queja pendiente ante la Corte, como sostiene Alberto Fernández, ex jefe de gobierno del fallecido Néstor Kirchner, quien advierte que la causa por la construcción de carreteras viales y otras obras no se sostiene y está plagada de irregularidades.