El actual gobierno del país no ha impulsado procesos de justicia ni ha dado atención a las víctimas de diversas violaciones de derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, sino que promueve una estrategia de borrón y cuenta nueva que dejaría en la impunidad dichos abusos, señalaron organizaciones civiles y comunitarias.

En conferencia de prensa, representantes de colectivos que acudieron al segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos –celebrado del 3 al 5 de abril en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán–, advirtieron que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha dejado sin respuesta buena cantidad de agravios cometidos en el país.

Juventino Soria, representante del consejo de gobierno indígena de Arantepacua –donde en 2017 hubo una incursión policiaca en la que murieron tres lugareños y 12 fueron detenidos– lamentó que el gobierno federal llame a las víctimas de abusos graves de derechos humanos a perdonar a sus atacantes sin antes buscar justicia para los agredidos.

Sin embargo, sostuvo, las víctimas en Arantepacua no sólo no están dispuestas a olvidar, sino que insistirán en que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y diversos funcionarios de su gabinete sean investigados y encarcelados por su responsabilidad en los hechos.

Santiago Ambrosio, integrante del Comité de Justicia y Verdad 19 de Junio, que agrupa a los familiares de personas asesinadas o heridas por el ataque de policías federales cometido en 2016 en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, coincidió en rechazar la estrategia del actual gobierno de no referirse a agravios ocurridos en años recientes y por ende no investigar ni perseguir a los responsables.

“Nos queda claro que quieren una política de ‘borrón y cuenta nueva’, pero no lo vamos a permitir. Queremos que comparezcan (el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel) Osorio Chong; el ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué” y otros funcionarios federales para que rindan cuentas sobre los hechos que dejaron al menos ocho pobladores muertos y más de 50 heridos.

Para llamar la atención sobre sus casos y exigir al gobierno de López Obrador que actúe para resolverlos, los colectivos llamaron a realizar una campaña nacional de visibilización de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, que incluirá una serie de marchas que se efectuarán el próximo 24 de abril en distintos puntos de la Ciudad de México.