Frente al reto que implica el combate a la práctica sistemática de la tortura en la región, abogados que colaboran con organizaciones civiles conformaron el Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina. Su intención no sólo será acompañar los casos de este delito ante tribunales nacionales e internacionales, sino también impulsar la visibilización de esta práctica violatoria de los derechos humanos.

Tras un encuentro de cuatro días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se concretó el miércoles este grupo, conformado en principio por 16 abogados de organizaciones de 10 países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela).

El proyecto cuenta con el apoyo y asesoría de la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, Suiza. La coordinadora del Programa para América Latina de ese grupo internacional, Helena Solá, detalló que la idea surgió debido a que en la región esta práctica se sigue invisibilizando.

Combatirá la impunidad

“La idea es contar con un espacio de convergencia entre personas que tienen experiencia y han enfrentado obstáculos en el acompañamiento a víctimas de tortura. Es una plataforma que se organizará de manera legal e integral para combatir la impunidad por este delito.

Iremos tejiendo un camino colectivo, porque en la región vemos muchos casos en los que se comete tortura, pero los jueces, los fiscales y otras autoridades se niegan sistemáticamente a calificarlos como tales. Es un tabú que no existe para los estados, pero está más presente que nunca.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de México, señaló que la tortura no es una situación privativa de este país, sino que se presenta en diversas formas en América Latina.

Esteban Celada, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, de Guatamala, aseveró que en el seminario se identificó que en América Latina los patrones de colusión por tortura son comunes.

Los gobiernos son indolentes y no quieren aceptar la realidad: que sigue siendo una práctica común, una herramienta de criminalización, sometimiento y control. Se trata de una prueba ilícita que priva a muchos de la libertad. Lo que buscamos es verdad, justicia y reparación.