Los centros carcelarios del país siguen presentando irregularidades que implican violaciones a los derechos humanos. Si no se revisan y atienden los problemas del sistema penitenciario, México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia.

Ayer se presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Con base en los resultados de ese análisis, el ombudsperson Luis Raúl González Pérez remarcó que suponer que la prevención y la investigación de los delitos así como la procuración y administración de justicia concluyen cuando se determina contra una persona una pena privativa de libertad, implica una visión limitada y parcial. Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta.

Para elaborar el diagnósico, personal del organismo visitó –entre marzo y noviembre de 2018– 199 centros de detención varoniles, mixtos y femeniles a escala nacional (165 estatales, los 21 federales y tres prisiones militares) de los 308 que se encontraban en funcionamiento.

Los resultados muestran que en las cárceles locales se presentan mayores deficiencias, pese a que ha habido avances, al alcanzar en 2018 una calificación promedio nacional de 6.45, que representó aumento sostenido respecto de los cuatro años anteriores (6.02, 6.21, 6.27 y 6.30 de 2014 a 2017).

El DNSP 2018 revela que los penales de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a 8, mientras en 21 entidades obtuvieron entre 6 y 8. Los de Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas fueron reprobados, al conseguir menos de 6 puntos.

En 45 por ciento de los centros estatales hay condiciones de autogobierno o cogobierno, 34 por ciento tienen sobrepoblación y en 32 por ciento hay hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. En 50 por ciento hay deficiencias de higiene y materiales en el área médica, 76 por ciento no separan a procesados de sentenciados, 72 tienen malas condiciones de higiene y equipamiento en los dormitorios, 84 no tiene suficiente personal de seguridad y custodia y en 70 por ciento faltan actividades laborales y de capacitación para el trabajo, entre otras. Todos estos factores son centrales para la reinserción social.

En 20 de 21 centros federales no hay suficiente personal y en 14 concurren las carencias de actividades laborales y de capacitación. La deficiente protección a la salud es un problema generalizado dada la falta de personal médico, y en 13 se detectó falta de acceso de los internos a actividades deportivas.