propósito del 25 aniversario del asesinato a tiros de Luis Donaldo Colosio, Netflix puso a circular la semana pasada una serie alusiva que intenta recrear los entretelones de aquel funesto episodio, pero que al mismo tiempo exhibe lo accidentado y turbio que resultó la investigación oficial del crimen.

Para la mayoría de los mexicanos, el documento puede ser un recordatorio o la confirmación del descrédito del Estado y su sistema judicial. Pero para 40 millones de mexicanos que no habían nacido aún en marzo de 1994, el video es una muestra contundente de la manipulación y el engaño desde el poder.

En este sentido, los dos tiros que hace exactamente un cuarto de siglo surgieron del arma de Mario Aburto –según la versión oficial– no sólo segaron la vida del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de México, sino que trastocaron irremediablemente el devenir de nuestro país y provocaron costos de desconfianza e incredulidad en el Estado que los mexicanos seguimos pagando hasta la fecha.

No me refiero exclusivamente al proyecto democratizador, de cambios profundos que, para algunos priístas, fue violentamente truncado con la muerte de Colosio, sino más bien a ese descrédito que el Estado mexicano ha venido arrastrando.

La versión inicial del tirador solitario, concebida y promovida desde lo más alto del poder político, y luego el cambio radical a la acción concertada y al complot, para posteriormente volver a la hipótesis del asesino único, provocó el desconcierto y el rechazo de una sociedad contrariada, agraviada y temerosa.

Es decir, el fracaso del gobierno para convencer de la hipótesis oficial abonó de manera decisiva al descrédito del poder; exhibió la ineptitud y la corrupción del sistema judicial en una coyuntura crucial y abrió la brecha incontenida de la incredulidad cotidiana.

En esos ires y venires de las versiones y las hipótesis, las manoseadas averiguaciones del oficialismo dieron pie a todo tipo de rumores y especulaciones que crecieron, de manera irremediable, ante la imposibilidad o la falta de voluntad de la autoridad para cerrar un caso tan relevante, de manera satisfactoria.

Para la mayor parte del público siempre resultó inverosímil el hecho de que una sola persona –en este caso Mario Aburto– fuera el responsable único y oficial del magnicidio. Asesino confeso en un principio, Aburto dijo después haber sido torturado durante los interrogatorios. Su versión de los hechos, sobre cómo victimó al candidato presidencial, cambio no una, sino varias veces, y sus contradicciones en las declaraciones ministeriales no fueron pocas.

Los dichos, los matices, las versiones encontradas entre las distintas fiscalías especiales designadas para el caso tampoco abonaron al esclarecimiento y sí, en cambio, colaboraron al enrarecimiento del ambiente político y social, en un contexto electoral precedido ya del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, el año anterior.

El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI, cometido meses después, estuvo encadenado a investigaciones y episodios tan inverosímiles como absurdos. La súbita y total desaparición del diputado Manuel Muñoz Rocha, que precedió a una historia de brujas, hechizos y visiones extrasensoriales, rayaron en lo chusco y enterraron definitivamente la poca confianza y la credibilidad –si es que aún la había– en los procesos ministeriales y judiciales del Estado mexicano.

De entonces a la fecha, han sido múltiples los casos en que el Estado ha tenido que investigar, arrastrando su descrédito, sobre asuntos delicadísimos. Y casi siempre ha quedado a deber.

En la sangrienta guerra contra el narcotráfico, en ejecuciones extrajudiciales, en la sistemática represión institucional y sobre todo en casos tan terribles como Ayotzinapa, en Guerrero, o San Fernando, en Tamaulipas –sólo por nombrar algunos–, el Estado no sólo ha sido incapaz de cumplir con su obligación, sino que ha pasado de ser el investigador, a convertirse en el principal sospechoso, cómplice y hasta culpable moral de los crímenes.

La desconfianza en los órganos de gobierno encargados de procurar e impartir justicia se ha ganado a pulso. Muchas han sido las pifias y los abusos. Su descomposición interna se agrava. Tendrán que trabajar mucho y ofrecer resultados fehacientes para convencer. Las investigaciones del Estado, como ocurrió hace 25 años en el caso Colosio, no podrán ser confiables ni creíbles mientras se realicen desde el poder.