a tarde de ayer, alrededor de 400 personas, entre diputados, periodistas y empleados quedaron encerradas por unas horas en el recinto legislativo de San Lázaro debido al bloqueo efectuado por integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en protesta por la aprobación del dictamen de reforma educativa que se discutía en las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.
Como ya se mencionó en este espacio días atrás, el principal reclamo de los docentes se centra en la eliminación de toda referencia a asuntos laborales –específicamente, el esquema de admisión, promoción y reconocimiento de los docentes– en el artículo 3º de la Carta Magna. A juicio de las secciones de la coordinadora que han mostrado su inconformidad, el texto remitido a la mesa directiva con la finalidad de programar su discusión en el pleno incumple los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales iban en el sentido de una abrogación completa de la reforma aprobada en 2013 bajo el impulso del llamado Pacto por México.
Se trata sin duda de un asunto de enorme complejidad por la diversidad de actores e intereses involucrados. Por una parte, la propia CNTE no es una entidad monolítica ni homogénea, sino que está conformada por grupos y facciones que no siempre coinciden en la totalidad de su agenda; pero además la organización sindical no aglutina sino a una parte del magisterio nacional, universo vasto de más de un millón de integrantes con muy distintas posturas y entre las cuales es muy difícil establecer acuerdos. Por si no bastara con dichos escollos, la abrogación de la llamada reforma educativa, como cualquier modificación al texto constitucional, requiere el apoyo de dos terceras partes de los legisladores, una mayoría que el grupo parlamentario del partido gobernante no puede alcanzar por sí mismo. Es decir, que los cambios en la materia pasan forzosamente por un proceso de negociaciones con la oposición, proceso en el que de manera inevitable se pierden tramos de redacción demandados por la CNTE o se añaden otros a los que ésta se opone. Para colmo, el campo de la educación pública está atravesado por grupos de intereses –incluyendo a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones paraempresariales– que tiran de las discusiones en muchos y contrapuestos sentidos.
Queda claro entonces que el único camino pasa por persistir en la negociación y reconocer que ni el mejor acuerdo posible dejará satisfechos a todos los actores, por lo que cada uno deberá ceder una parte de sus posiciones para sacar adelante un texto que enderece los despropósitos aprobados por la administración anterior.
Cabe señalar, por último, que el bloqueo de los accesos del recinto legislativo no parece una estrategia de presión adecuada ni recomendable en el contexto actual, en el que se ha despejado la amenaza de represión y se ha demostrado voluntad de diálogo.
