El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se reincorporará el mes próximo a las indagatorias, asistencia técnica internacional y trabajo de campo para el caso Ayotzinapa. También en breve será designado un fiscal especial que deberá ser ajeno a la verdad histórica emitida el sexenio pasado, dijeron funcionarios y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Durante la segunda reunión ordinaria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en este caso, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, confirmó la nueva etapa de supervisión internacional.

Habrá un mecanismo de seguimiento permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se buscará confirmar un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se están afinando los detalles. Hoy hubo representantes tanto de la CIDH como de la oficina del alto comisionado. Ya hay un acuerdo, para decirlo con toda claridad, de cómo se establecerá un nuevo mecanismo de seguimiento por parte de la comisión, en donde participarán miembros del GIEI, dijo en entrevista al término de la sesión realizada en Gobernación.

El GIEI surgió el 18 de noviembre de 2014, de un acuerdo formal entre la CIDH, representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano para dar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En la sesión se reiteró el compromiso presidencial de dar con la verdad, así como de la colaboración de la sociedad para que la comisión reciba información del paradero de los estudiantes, como ya ha empezado a suceder, dijo Gobernación.

En cuanto al fiscal, el secretario Encinas pidió que la persona nombrada no se pierda en los laberintos del expediente anterior.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, subrayó la importancia de que “el fiscal especial ya sepa del tema, pero no tenga vínculos con la investigación anterior, sobre todo aquella que condujo a la conclusión del basurero de Cocula (donde según la ‘verdad histórica’ habrían sido incinerados los jóvenes).

Una designación distinta implicaría de nuevo un empantanamiento en las investigaciones, porque (el fiscal) iniciaría su trabajo con una teoría preconcebida, dijo.

La semana entrante funcionarios y familiares se reunirán con el fiscal general para ver este tema.