La Secretaría de Educación Pública (SEP) suscribió convenios con las ocho universidades autónomas estatales que enfrentan déficit financiero por 19 mil 289 millones de pesos –principalmente por el pago de pensiones y jubilaciones–, con la finalidad de establecer seis medidas de transparencia, austeridad y eficiencia en el gasto.

La finalidad, afirmó el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, no es sólo transparentar el uso de fondos extraordinarios, sino impulsar una nueva política de financiamiento de la educación superior en el país, que implicará un estudio profundo del sistema financiero de las instituciones públicas universitarias.

Entre las acciones que deberán implementar las casas de estudio que en diciembre pasado recibieron recursos extraordinarios por 2 mil 309 millones de pesos para el pago de salarios y aguinaldos de más de 32 mil docentes, investigadores y empleados universitarios, se contempla la puesta en marcha de planes de austeridad, como la reducción en las plantillas de trabajadores administrativos, sindicalizados, de confianza y por honorarios; así como reducir los adeudos en el pago del Impuesto sobre la Renta y la seguridad social.

Además, se deberán modificar los reglamentos internos para garantizar la transparencia y eficiencia presupuestal, y entregar informes sobre el ejercicio, destino y aplicación de los fondos públicos; algunas instituciones, como la Universidad Autónoma de Nayarit, incluso deben eliminar de sus contratos colectivos cláusulas que permitían la herencia de plazas.

Diagnóstico para lograr la sustentabilidad financiera

En conferencia de prensa, Concheiro afirmó que se tendrá que observar una mayor disciplina financiera, pues no se trata sólo de aplicar medidas de ahorro (presupuestal), sino de una transformación de fondo, y aclaró que este rescate fue por única vez.

Anunció que se realizará un diagnóstico integral de las universidades, con apoyo de un equipo técnico, para que logren la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazos, y destacó que toda universidad que busque acceder a fondos extraordinarios deberá suscribir un convenio similar.

Explicó que este año se prevé avanzar en la integración de una nueva ley de pensiones y jubilaciones para el sector, que es uno de los principales factores de déficit presupuestal, aunque reconoció que no es el único desafío, pues se permitió que creciera la matrícula sin otorgar los recursos correspondientes para infraestructura y reconocimiento de plantilla docente.

En el acto, al que asistió el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, destacó que las instituciones que recibieron recursos federales extraordinarios –universidades autónomas estatales de Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, estado de México, Morelos y Tabasco– tenemos un claro compromiso de transparentar y ejercer con eficiencia estos fondos, por lo que anunció, entre otras medidas, que los ocho rectores se reducirán el salario para no tener un ingreso superior al del Presidente de la República.