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Preocupa a la Conago injerencia de la corporación en competencias locales
 
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de enero de 2019, p. 9

La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) planteó a la Cámara de Diputados que en el dictamen de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional hay confusión sobre la naturaleza militar o civil de esa corporación y que el mecanismo de intervención en estados con fallas en sus policías podría generar intromisión en las competencias de las entidades.

En un diagnóstico que recoge las preocupaciones de los gobernadores sobre el dictamen de reforma a la Constitución que permite a militares participar en tareas de seguridad pública, la Conago planteó que la guardia nacional no intervenga en la investigación de delitos, sino que se mantenga como atribución exclusiva del Ministerio Público.

Se trata de un documento que entregó el presidente de la Conago y gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, ayer al Congreso de la Unión con observaciones a tres artículos que se incluyen en la reforma. En el artículo 21 constitucional que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se concede a la Guardia Nacional como autoridad facultada para investigar delitos, la Conago señala que la redacción propuesta implica que además de participar en tareas de seguridad, esa corporación también los investigaría.

También señala que se define a la Guardia Nacional como autoridad híbrida o con doble adscripción administrativa, porque la planeación y ejecución de funciones estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad, pero el mando, operatividad y jerarquías dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El documento de Moreno Cárdenas resalta que en el artículo 89 constitucional se propone que el Ejecutivo federal reglamente las policías auxiliares y cuerpos de seguridad privada de los estados, lo que puede implicar una vulneración al ámbito de competencia local.

Asimismo, se observó el contenido del artículo séptimo transitorio, donde se define que, en los dos primeros años a partir de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, el consejo de seguridad interior –de nueva creación– y el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública realizarán un diagnóstico sobre el estado de fuerza policiaca de las entidades.

Si éste no es positivo, se prevé la intervención de la guardia y el descuento de las participaciones federales a estados y municipios en el ramo de seguridad pública para que con ello se sufrague la operación, en las entidades, de aquella corporación.

En este rubro también podría haber intromisión de competencias, concluyó.