Washington. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inició el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua al enviar una solicitud para convocar al Consejo Permanente del ente multinacional para evaluar la situación, lo que puede desembocar en la suspensión del país centroamericano del organismo.

En una reunión del consejo de la OEA realizada esta semana para analizar la crisis política nicaragüense, Almagro explicó se que veía obligado a empezar la aplicación de ese recurso sancionatorio, ya que considera que la lógica de la dictadura (del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega) está definitivamente instalada en el país centroamericano.

Asimismo, la representante permanente de Costa Rica ante la OEA, la embajadora Montserrat Solano, confirmó que recibió la solicitud del secretario general para el ejercicio de la Carta Democrática para el caso de Nicaragua, informó este sábado en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense.

Recibimos la nota de parte del señor secretario general Almagro, y como corresponde, ha sido circulada entre los representantes de los Estados miembros, confirmó la embajadora de Costa Rica, a quien como presidenta del Consejo Permanente le corresponde convocar la reunión formal.

Pero el periodo de fin de año complica las gestiones para la ejecución del estatuto de expulsión del organismo, ya que para analizar la aplicación de la carta deben estar presentes los embajadores titulares y muchos de ellos no están en Washington.

Una fuente diplomática explicó que como para aprobar la orden del día al inicio de una reunión se requieren 18 votos, las convocatorias suelen ser lanzadas una vez que se cuente con ese quórum mínimo, aunque Solano explicó que se mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos para la activación de la carta pese al periodo festivo.

La Carta Democrática Interamericana de la OEA se aplica cuando existe una alteración o una ruptura del orden democrático en algún país y puede desembocar en la suspensión de un Estado miembro. Estipula que si la Asamblea General, convocada para un periodo extraordinario de sesiones, constata la ruptura en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas fueron infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA, para ello es necesario el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes.

Para investigar sobre lo ocurrido en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial que se desplazaron al país, pero ambos fueron expulsados por el gobierno de Ortega este mes.

El GIEI denunció en su informe, presentado el 21 de diciembre en Washington, que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad.

La ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la CIDH.