no de los indicios más claros de la orientación administrativa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé dar a su gestión está reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, aprobado el pasado viernes 28. Y es claro porque no se basa en opiniones, lecturas o interpretaciones, subjetivas por definición, sino en los datos duros que aportan las cifras. Las partidas asignadas, engrosadas, reconfiguradas o recortadas para las distintas áreas del aparato del Estado (paraestatales incluidas) muestran el signo de la austeridad anunciada por el jefe del Ejecutivo, al tiempo que prevén un sistema de distribución que transparente la ruta y el destino de los fondos, y a la vez dificulte que funcionarios inescrupulosos de toda laya metan mano en las arcas públicas.
Aun en el supuesto de que en algunos casos específicos fuera preciso afinar una que otra cifra necesitada de revisión, el paquete económico para 2019 parte de un acertado análisis del entorno económico mexicano, urgido de medidas correctivas que ayuden a mejorar la situación de una población que el modelo neoliberal vigente en los pasados años ha puesto contra las cuerdas.
Estas ideas se encuentran en el trasfondo de las declaraciones hechas por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, en el sentido de que el país se halla frente a una nueva cultura de la gestión pública y de otro enfoque en materia de inversión, tanto en infraestructura como en capital humano. Pero esencialmente acentúa uno de los principales puntos del discurso gubernamental: el combate frontal a la corrupción, que durante años se echaba a andar en el momento mismo en que eran aprobados presupuestos cuya calidad y transparencia dejaban mucho que desear, para decirlo delicadamente. La referencia de Ramírez Cuéllar al tradicional recurso de repartir dinero y obras a cambio de votos
alude precisamente a esa irregularidad.
En paralelo, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al presupuesto 2019 capitalino en parecidos términos, al decir que éste ya no daría lugar para los chantajes, moches y otras prácticas que desviaban recursos de la ciudadanía (porque es ésta la que pone el dinero para el gasto público) a fin de llevar agua al molino político de los malos gobiernos.
Por mucho que se profundice, es difícil encontrar un sustento serio para las objeciones y críticas al documento financiero esgrimidas por algunos sectores de oposición: el argumento según el cual los criterios de política económica generarán desequilibrios fiscales que terminarán por afectar a todo el país
constituye una grosera defensa del modelo económico que ha hecho la vida difícil a millones de mexicanos, mientras que algunas de las protestas realizadas, como la de los alcaldes que la semana pasada se inconformaron con la entrega de recursos de programas sociales directamente a los usuarios, representan un desembozado alegato en favor de la corrupción.
