Unos 500 integrantes de organizaciones afiliadas al Frente Amplio Campesino, entre ellas la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) tomaron el Congreso del estado de Hidalgo la mañana del viernes en protesta porque, argumentaron, no los tomaron en cuenta para elaborar el presupuesto para el agro de 2019.

Martha López Ríos, dirigente estatal de la UNTA, dijo que ni el Congreso ni el gobierno estatal los han tomado en cuenta. Tras esperar por más de una hora a ser recibidos, sin permitir la entrada o salida de los trabajadores legislativos, los labriegos comenzaron a jalar el enrejado de los accesos a fin de entrar, primero al estacionamiento y luego hasta el recibidor de la Torre Legislativa.

Al final fueron recibidos por Ricardo Baptista, presidente de la Junta de Gobierno del partido Morena, y otros legisladores, ante quienes López Ríos les recriminó que no hayan convocado a las agrupaciones campesinas para revisar de manera conjunta la propuesta presupuestal enviada por el gobernador Omar Fayad Meneses, antes de que sea puesto a votación y comprobar que sean incluidos varios programas que hemos demandado desde hace varios años.

Luego de casi de tres horas de reunión los legisladores acordaron con la UNTA y CNPA sostener reuniones entre el domingo y lunes para revisar y, de ser posible, hacer reajustes al presupuesto en la parte dedicada al campo.

Ocupan recinto en Guerrero

En Chilpancingo, Guerrero, integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dirige Edel Chona Morales, y de Antorcha Campesina, encabezada por Aquiles Córdova Morán, afiliadas al PRI, tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para soliciar al gobierno federal que no haya recorte presupuestal para el campo en 2019.

Los manifestantes solicitan una reunión con el encargado de la dependencia para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su promesa de campaña de no recortar los recursos destinados al campo guerrerense; pidieron además fortalecer los programas federales ProCampo, Pimac y Fertilizante gratuito, entre otros.

Antes de retirarse anunciaron que este viernes partieron a Ciudad de México 500 representantes campesinos para unirse a un plantón indefinido en el Congreso de la Unión junto con otras agrupaciones agrícolas. En Nezahualcóyotl, estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, presidente de la Coordinadora Nacional de Autoridades Locales, anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el Congreso avala la propuesta del gobierno federal de desaparecer el Ramo 23 que contempla asignar mil 500 millones de pesos para obra pública en los municipios.

El alcalde perredista de Nezahualcóyotl advirtió que la medida propuesta en la Ley de Egresos afecta a los 2 mil 438 municipios de 32 entidades y 16 alcaldías de Ciudad de México.

El Ramo 23 se utiliza para la construcción de redes de drenaje y agua potable, para rescate de espacios públicos y encarpetado de vialidades, acciones que no llevan a cabo los gobiernos estatales ni la Federación.

En Juchitán, Oaxaca, defensores de mujeres víctimas de violencia en el istmo de Tehuantepec señalaron como un error el recorte al presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres, pues en esta entidad va en aumento, adujeron.

Celia Mendoza, de la fundación Restauración Nacional, expresó que es lamentable que se recorte el presupuesto, que de por sí es poco, para la atención a las mujeres. Dijo que en la región se construye desde hace tres años un Centro de Justicia para la Mujer adscrito a la Fiscalía General de Oaxaca pero aún no se concluye, y con este recorte presupuestal hay mayor posibilidad de que se retrase aún más su apertura.