Por considerar que son de interés público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que entregue las versiones públicas de las declaraciones ministeriales hechas por servidores públicos y particulares relacionadas con las indagatorias del caso Odebrecht.

Al resolver un recurso de inconformidad, durante la sesión del pleno del INAI, los comisionados consideraron que es un asunto de interés público conocer la forma en la que actuaron servidores y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones representando a Pemex, así como las acciones y operaciones realizadas por personal de la empresa Odebrecht, para lograr la adjudicación de los citados contratos.

Empañada, la credibilidad de instituciones mexicanas

Para el comisionado ponente y presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, el caso Odebrecht ha empañado la credibilidad de las instituciones mexicanas, y en otros países ha llevado a los gobiernos a destituir a funcionarios de altísimo nivel, incluso ya ha habido sentencias para compurgar por responsabilidades de alto nivel.

Al responder a la solicitud de acceso a la información y posteriormente durante el proceso de resolución del expediente, la PGR argumentó que se trataba de una investigación en curso, por lo que su difusión impactaría negativamente las indagatorias.

Sin embargo, en las consideraciones de los comisionados del INAI se determinó que las declaraciones ministeriales son de interés público, dado que forman parte de una carpeta de investigación en la que se indagan conductas de funcionarios gubernamentales y de particulares presuntamente constitutivas de delitos.

Durante el desahogo del procedimiento, el INAI aplicó una prueba de interés público, en la que se concluyó que conocer las declaraciones de los servidores públicos y los particulares involucrados en el caso, permitirá a la sociedad contar con elementos para valorar el desempeño de la PGR. Su difusión fortalecerá el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de la procuraduría.