urante un acto al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como representantes de los principales organismos empresariales y sindicales, ayer se dio a conocer que a partir del primero de enero de 2019 el salario mínimo general tendrá un incremento de 16 por ciento nominal, al pasar de 88.3 a 102.68 pesos diarios, mientras en la zona fronteriza se establecerá una medida especial que elevará la remuneración mínima en ciento por ciento, con lo que alcanzará 176.72 pesos por día.
Se trata de un hecho histórico por varias razones. Primera, porque se pone fin a la deplorable política de fijar los ingresos de los trabajadores, no sólo por debajo de lo que mandata la Constitución –de acuerdo con la cual éstos deben satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia
y para proveer la educación de los hijos– sino incluso por debajo del nivel mínimo de bienestar definido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Segunda, porque a contracorriente de lo ocurrido hasta ahora, un alza de esta magnitud se produce en un entorno inflacionario controlado, lo cual significa que no se establece como paliativo, sino como auténtica recuperación del poder adquisitivo. Y, en tercer lugar, como remarcaron los titulares del Ejecutivo y de la cartera del Trabajo y Previsión Social, el aumento que entrará en vigor el año próximo es sólo una primera medida dentro de un plan mayor para impulsar el bienestar y el poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
Asimismo, resulta digno de encomio que una decisión de tan obvio beneficio para el país haya sido tomada de común acuerdo entre la administración federal y las cúpulas de la iniciativa privada, entre las que destaca el apoyo expresado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, instancias que en semanas recientes han tenido desavenencias y jaloneos con el Presidente y su entorno.
Sin duda, tal voluntad para avanzar en la materia responde en parte a la urgencia que los propios empresarios perciben en la reactivación del mercado interno, estancado desde hace décadas por una política ruinosa de contención salarial que apostó por el mercado mundial en detrimento de los trabajadores, pero también de pequeñas y medianas empresas. En este sentido, no puede pasarse por alto que 57 por ciento de la población empleada ejerce dentro del sector informal, y esa situación se explica en buena medida por la falta de incentivos a la formalización representada por los raquíticos salarios vigentes.
En suma, es digno de elogio que se haya dado una actuación armónica en este asunto clave para el bienestar de las mayorías y para la estabilidad del país. Cabe esperar que esta voluntad de entendimiento por parte de las cúpulas empresariales se haga extensiva a los puntos del programa gubernamental a los que hasta ahora se ha resistido.
