El sexenio de Enrique Peña Nieto fue brutal para el ejercicio de la protesta social: quienes salieron a las calles para ejercer su derecho a la libre manifestación enfrentaron constante criminalización, represión, estigmatización y restricciones, ya sea legales o a través del uso arbitrario de la fuerza.

El documento La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018, revela lo anterior y señala que entre julio de 2015 a noviembre de 2018 se documentaron 175 casos de represión a quienes protestaron en varias entidades.

Las agresiones incluyeron hostigamiento, detenciones arbitrarias, violencia física, ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidaciones, encapsulamientos, uso de armas letales y no letales, así como procesos judiciales, entre otros.

En conferencia de prensa, integrantes de las 11 organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), que elaboró el documento, detallaron que del total de casos de represión comprobados 57 se dieron en Ciudad de México, 17 en el estado de México, misma cantidad en Oaxaca y 14 en Michoacán. Dos de los casos más emblemáticos fueron en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, y Tiripetío, Michoacán, en 2017.

En 36 por ciento de los casos las movilizaciones y protestas tenían que ver con violación a los derechos laborales, la mayoría de ellas encabezadas por el magisterio disidente contra la reforma educativa; 28 por ciento estaba ligado a vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre todo por el arrebato de tierras y la defensa del agua.

Policías, los principales responsables

En 98 actos los agresores fueron policías estatales, en 20 responsabilizaron a agentes de la Policía Federal, en 17 se dividieron entre uniformados estatales y federales, y en seis actuaron policías en combinación con efectivos de las fuerzas armadas .

Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que integran el Fleps, recordó que durante el sexenio de Peña Nieto en 15 entidades se aprobaron legislaciones que criminalizan la protesta social por medio de normas ambiguas que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o restringen la manifestación en ciertos lugares.

Las organizaciones mencionaron que hay varios retos para el nuevo gobierno federal y locales: dejar de ver a la protesta social como un acto de alteración del orden y mejor que se considere como un ejercicio de derechos y autonomía que robustece la democracia, por lo que pidieron derogar las leyes que criminalizan este derecho y terminar con la impunidad de los agentes de Estado, incluida la cadena de mando que participa contra esa actividad.