En un acto inédito, más de mil 400 magistrados y jueces federales de 31 sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF) leyeron un pronunciamiento público donde rechazaron que sus percepciones sean disminuidas hasta los poco más de 100 mil pesos mensuales que recibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Ciudad de México la protesta se efectuó en el edificio sede del PJF, donde el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, acompañado de más de 100 funcionarios judiciales, señaló ante los medios de comunicación que los poderes Ejecutivo y Legislativo intentan una intromisión indebida en contra de la Judicatura al tratar de bajar los salarios.

Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso, dijo.

Señaló que el componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial; sin embargo, el conjunto de medidas legislativas emprendidas, que incluyen rotación constante de juzgadores, aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por el Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte los otros poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes.

Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales, manifestó, han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros, “pero en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar los sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho.

“La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro país, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al estado de derecho, está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías, no sean violentados. El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.

Según el presidente de la asociación, en un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió el cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie. “La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino sólo una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura, reconocida no sólo en la propia Constitución, sino también por las convenciones y tratados internacionales que el Estado mexicano no sólo ha firmado, sino ratificado, y se ha comprometido cumplirlos a cabalidad.

Así como la inamovilidad y la certeza en las adscripciones, son también requisitos reconocidos internacionalmente para hacer efectiva esa independencia. Porque no puede llamarse democrático un país donde no haya contrapeso de poderes.

Vega Ramírez añadió que proponen un diálogo, la coordinación y el entendimiento entre poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público.