Ayer sumaban mil 56 demandas desde que se anunció la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ordena que ningún funcionario podrá ganar por arriba del Presidente de la República (108 mil pesos mensuales).

En las querellas hay 4 mil 676 quejosos, de los cuales 354 son jueces, 386 magistrados, mil 579 secretarios, 353 actuarios, 872 oficiales y 738 funcionarios de la Procuraduría General de la República, de Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Politécnico Nacional, de Petróleos Mexicanos, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del Instituto Nacional Electoral, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, por mencionar algunos.

Ayer el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo al leer un pronunciamiento público que impulsaron una amplia defensa que incluye presentación de demandas de amparo contra lo que consideran un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación.