n menos de 24 horas, 15 personas fueron asesinadas en distintos puntos del estado de Puebla, seis de ellas en la ciudad capital. Además, en los municipios de Palmar de Bravo y Ciudad Serdán fueron encontradas fosas clandestinas que contenían ocho cuerpos, arrojados ahí por una banda de secuestradores capturada en octubre pasado. Pese a lo macabro que resultan estos hechos, lejos de representar una situación atípica, constituyen un reflejo del deterioro generalizado de la seguridad pública en la entidad en los años recientes.

Por mencionar algunos de los indicadores más preocupantes, entre enero y octubre de este año los secuestros se incrementaron 58 por ciento y los homicidios dolosos 26 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2017. En este último ilícito, hasta octubre ya se habían registrado 30 casos más que en todo 2017. El robo de vehículos con o sin violencia creció 25.5 por ciento, el robo al autotransporte un 100 por ciento y, un rubro que debería ser de especial preocupación para las autoridades, las violaciones sexuales aumentaron 19 por ciento, al pasar de 578 a 668 víctimas en sólo 10 meses.

El que podría ofrecerse como uno de los escasos ejemplos de mejoría, la disminución, en 2017, de un tercio en el robo de combustible mediante tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos –el denominado huachicol, un delito endémico en Puebla-, pasó a convertirse en dramática demostración de la profundidad de la descomposición criminal en el territorio poblano: los grupos delictivos que perdieron ingresos por el combate al huachicol trasladaron sus actividades al asalto del ferrocarril, con tal eficiencia que el saqueo sistemático de los convoyes no sólo causó ingentes pérdidas económicas, sino que incluso trastocó las operaciones del puerto de Veracruz. Este año el flagelo registró un incremento adicional de 176 por ciento, con un hecho cada 17 horas.

Si los asaltos al ferrocarril, en los que participan hasta 300 personas a plena luz del día, son indicativos de la casi total ausencia de la legalidad, la respuesta del gobierno saliente ante este problemática da cuenta de la frivolidad con que se aborda la crisis en curso: cuestionado por el repunte en los robos a trenes, el gobernador Antonio Gali declaró en octubre de 2017 que se trata de una cuestión de moda.

Esta combinación de criminalidad desbordada e indolencia institucional supone uno de los mayores retos para la próxima administración federal, que deberá actuar en la entidad para poner fin a la red de complicidades que la han llevado a una auténtica catástrofe, inad-misible por los daños a la integridad física y emocional de los ciudadanos, pero cuyas consecuencias impactan con igual virulencia a los ámbitos político y económico.