Perdonar a quienes han cometido actos de corrupción, de los cuales pueden haberse derivado violaciones de derechos humanos, es un acto contrario a las leyes internacionales y a la razón de ser de un estado democrático de derecho, cuya obligación es perseguir todos los delitos, dando las garantías procesales necesarias, afirmó Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Subrayó que durante buena parte del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una reacción tardía para frenar la violencia contra periodistas, motivada por la falta de voluntad política para intervenir. En entrevista con La Jornada, el especialista uruguayo hizo un balance de los pendientes de México en materia de libertad de expresión, así como de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de la necesidad de consolidar en el país la cultura de la transparencia, para evitar que sea vista sólo como moda.

–¿Qué se puede esperar del próximo gobierno en esta materia?

–Las instituciones siempre se pueden mejorar. El Inai (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) es una conquista de la sociedad civil, no de sus funcionarios, y una herramienta que la democracia mexicana demoró mucho en tener.

Al Inai se le puede achacar que en algunos casos donde debió abrir información pública no lo hizo, pero en 95 por ciento de peticiones obligó a que sí se abriera. También puede uno decir que es una burocracia que tiene costo, pero en democracia hay que invertir, y no se tiene acceso a la información pública sin un instrumento que lo garantice. Además, nadie tiene la varita mágica para decir: voy a resolver la corrupción así.

–O perdonarla…

–La corrupción le ha quitado bienes a los derechos humanos y a las políticas sociales; plata que en vez de ir donde tiene que ir, va hacia otro lado. Un estado democrático de derecho debe perseguir todas las conductas, con debido proceso y garantías.