Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales vivieron este jueves una jornada de sentimientos encontrados. Al tiempo que celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avanzar en la desmilitarización de la seguridad pública, cuestionaron la iniciativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Guardia Nacional formada y entrenada por elementos castrenses. Esto representa, advirtieron, un retroceso que va en el camino de las políticas de militarización ya fallidas.

Algunos integrantes de estas organizaciones asistieron a la sesión de la Suprema Corte donde se declaró la inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI).

Al concluir la sesión, en nombre de la organización civil Seguridad sin Guerra, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, calificó la decisión de positiva, pues con ésta se frena un intento de legalizar una estrategia de seguridad que ha propiciado graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, expresó su preocupación por el plan de seguridad presentado por el próximo gobierno federal, que se basa en una Guardia Nacional militarizada, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el mando operativo del general secretario, que funcionará con las normas y el adiestramiento propios de las fuerzas armadas.

Este anuncio preocupa porque incumple las promesas de campaña, y así como la Ley de Seguridad Interior resultó ser un fraude a la Constitución, esa propuesta es un fraude a la sociedad, que confió en la elección de julio y en que se podía adoptar una política de seguridad diferente, sostuvo Aguirre.

Hoy la Corte ha dado un paso hacia la desmilitarización de la seguridad pública, pero al mismo tiempo se anunció, por parte del gobierno electo, un plan en la dirección contraria que profundiza la militarización de la seguridad pública, señaló el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En términos similares se pronunció Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), quien dijo que la SCJN parecía abrir una oportunidad para regresar a los militares a los cuarteles, pero la iniciativa de López Obrador se observa con preocupación, pues esencialmente se trata de una propuesta de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, saludó la anulación de la LSI y consideró que la propuesta de seguridad del nuevo gobierno tiene aspectos positivos, como poner énfasis en reducir la brecha de desigualdad, aunque recordó que los estándares internacionales nos señalan la mayor restricción posible de las fuerzas armadas.

Las organizaciones que forman parte del colectivo #FiscalíaQueSirva deploraron que el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático.