Chilpancingo, Gro., Organizaciones no gubernamentales demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores y al Congreso local declarar al estado en crisis humanitaria, debido al desplazamiento forzado de más de 4 mil personas.

Manuel Olivares, representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón –acompañado por miembros del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello–, afirmó que el número de expulsados en Guerrero supera al de migrantes centroamericanos que cruzan el país para obtener asilo en Estados Unidos.

Recordó que en años recientes cientos de familias huyeron de la violencia en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente; luego habitantes de Apaxtla y Teloloapan, en la zona norte; posteriormente de las comunidades nahuas de Chilapa y Zitlala, en la Montaña baja.

Precisó que hubo desplazamiento de pueblos indígenas en Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, donde el gobierno no tuvo la voluntad de atenderlos con base en la ley 487 (para prevenir y atender el desplazamiento interno de Guerrero).

Mencionó el caso de los indígenas de Tlantempanapa y que aún se desconoce el destino de Victoriano Hernández Tomatzín, así como de Javier y Pedro Ojeda Hernández, quienes fueron secuestrados por un grupo delincuencial.

En estas tres regiones (Tierra Caliente, norte y Montaña baja) hay más de 2 mil personas expulsadas por la violencia. Habrá que sumar a los 2 mil desplazados de los pueblos de la sierra de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, indicó.

Salvador Alanís, uno de los coordinadores de las policías comunitarias que ocuparon el poblado de Filo de Caballos, manifestó que el gobernador Héctor Astudillo no se ha responsabilizado de la situación en el llamado corredor de la muerte, pues le interesan más los turistas que llegan a Acapulco.

Afirmó que actualmente hay 7 mil 500 policías comunitarios en su organización y 2 mil de ellos renovaron cargo ayer, y advirtió: Esperamos que el gobernador entienda lo que pasa, porque todavía le quedan tres años.

Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, dijo que el miércoles enviaron alimentos a las personas que huyeron de Filo de Caballos, municipio de Heliodoro Castillo, luego del enfrentamiento del domingo entre presuntos delincuentes y policías comunitarios.