La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobará un dictamen –que será sometido al pleno el jueves– para eliminar los castigos a los profesores que no hayan pasado o presentado la evaluación educativa.

La reforma a los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente contempla incluir, escuchar y considerar las opiniones y propuestas de todos los actores que participan en el proceso educativo, entre ellos el magisterio que exige la cancelación de los elementos punitivos que enmarcan los procesos evaluatorios que contempla la citada legislación.

Esta dictaminadora, compartiendo la preocupación de las maestras y maestros de México por la afectación de sus derechos y porque como fue planteada e implementada la reforma educativa, a más de cinco años de su expedición no ha dado resultado alguno que haya contribuido a elevar la calidad de la enseñanza en nuestro país, sino que ha sucedido todo lo contrario, así basta con hacer referencia a los indicadores de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que a pesar de haber sido una de las principales promotoras de la citada reforma, reconoce que México continua presentando rezagos muy significativos en la materia.

Por tanto, se propone eliminar de la Ley General del Servicio Profesional Docente aquellas disposiciones punitivas, que a partir de la amenaza que contienen obligan a las y los maestros a presentar evaluaciones que requieren ser replanteadas. Se desea enviar un mensaje a todo el magisterio nacional para que tenga certeza de que sus derechos laborales no serán afectados y que se trabajará en torno a la construcción de un nuevo andamiaje jurídico, que también garantice el interés superior de la niñez y de la juventud mexicana para acceder a una educación integral.

La reforma al artículo 22 establecería que en la educación básica y media duperior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un mombramiento definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta ley.

Con el propósito de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente de nuevo ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente.

Y en el artículo 53, la iniciativa contempla que en la evaluación se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, y el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la autoridad educativa o el organismo descentralizado determinen, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente.