Desde que la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada por el Congreso y posteriormente promulgada, distintos académicos universitarios han señalado que esta norma es inconstitucional.

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfiló a declarar inconstitucional la totalidad de esa ley. Entre los argumentos que al respecto plantearon seis de los 11 ministros fue que los integrantes del Poder Legislativo carecen de atribuciones para legislar sobre la materia, lo cual también ha sido señalado por académicos.

Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha señalado que la ley vulnera los artículos 21, 73 y 129 de la Carta Magna, por lo que es inconstitucional. Además, pone a las fuerzas militares por encima de las civiles, lo que es muy delicado.

El investigador ha planteado además que la LSI no sólo es anticonstitucional, sino también anticonvencional e incluso va en contra de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano, los cuales está obligado a cumplir.

Hugo Alejandro Concha Cantú, también del IIJ, ha señalado que la Ley de Seguridad Interior pretende justificar y legalizar lo que ha estado al margen de la ley por casi dos sexenios.

Ante la incapacidad de generar cuerpos de policías eficaces, profesionales y confiables, los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto abusaron de sus facultades y echaron mano del Ejército y de la Marina para tareas que no les competían. La Constitución prohíbe contundentemente el uso de la autoridad militar en tiempos de paz, de acuerdo con trabajos del especialista.

John Ackerman, investigador del IIJ, ha enfatizado que la Ley de Seguridad Interior implica que nuestro país se encuentre en un golpe de Estado silencioso, que replantee la política impulsada por Lázaro Cárdenas, quien despolitizó a los militares e institucionalizó las fuerzas armadas.