Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que en su decisión en torno a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior profundicen en el tema de la seguridad interna, estableciendo que la coordinación en la materia debe estar a cargo de un mando civil.

Destacó que la comisión respetará cualquier decisión del máximo tribunal, pero en esta determinación histórica las normas se deben apegar a la convencionalidad y a la Constitución.

Defensores de derechos humanos calificaron de esperanzadora la postura de seis magistrados de la SCJN de considerar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, lo que abre la posibilidad de generar un verdadero debate nacional sobre la agenda de seguridad para el país, pero también, indicaron, abre un enorme reto al próximo gobierno federal para ajustar su plan de seguridad a la determinación que asuma la SCJN en la materia.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, consideró que las posiciones de los integrantes de la SCJN han sido un duro golpe a la legitimidad y la legalidad de la citada ley.

Agregó que si bien aún falta alcanzar una mayoría calificada, con el apoyo de ocho magistrados, para eliminarla, se abre la posibilidad de generar un nuevo debate más profundo sobre el futuro de la seguridad pública que queremos construir.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la opinión mayoritaria de los ministros es un mensaje muy alentador.

Se trata de una ley, dijo, que es inconstitucional, entre otras razones por la falta de competencia del Congreso para legislar en esa materia; porque se regulan funciones que corresponden a autoridades civiles en cuanto a seguridad pública y porque en tiempos de paz las fuerzas armadas no pueden hacer otras tareas que las relacionadas estrictamente con la disciplina militar.

González Pérez indicó que la posición de la CNDH no es en contra de ninguna institución, pero nos preocupa el tema de la coordinación de las corporaciones policiales.