Han vivido muy de cerca la violencia y amenazas. Vieron morir o desaparecer a compañeros y amigos de profesión. El riesgo las empujó a dejar sus lugares de origen, sus empleos, sus vidas, a sufrir la desintegración familiar.

Son mujeres periodistas desplazadas que narraron el infierno que el gremio enfrenta en algunos sitios del país. El miedo con el que se trabaja, la frustración porque sus órdenes de trabajo sobre qué, cómo, cuándo escribir y en qué sección publicar no son dadas por los jefes de información, sino por actores externos al periodismo (crimen organizado o agentes gubernamentales) y de no acatarlas, la vida está en riesgo.

Agrupadas en el colectivo Reporteras en Guardia, integrado por 140 periodistas de 24 entidades, cinco de ellas: Patricia Mayorga, de Chihuahua; Martha Olivia López, de Tamaulipas; Norma Trujillo, de Veracruz; Cynthia Valdez, de Sinaloa, y Vania Pigeonutt, quien por siete años trabajó en Guerrero, expusieron desde diferentes ángulos la violencia en esas entidades para los comunicadores, durante el foro Nuestras voces frente a la impunidad.

Martha Olivia comenzó muy joven en el periodismo, apenas tenía 17 años cuando ingresó a El Sur, en Tamaulipas, a finales de la década de los 80. No había pasado mucho de su debut en ese medio cuando la jefa de información y el director fueron asesinados en la puerta del rotativo. Ese hecho la marcó para toda su trayectoria profesional: decidió no ser una heroína, sino simplemente contar casos.

Ha tenido varias amenazas en su contra, pero fue la tercera la que tomó en serio, porque ya incluía a sus hijas. Salió huyendo y se desplazó de manera forzosa a Ciudad de México, donde llegó en 2011, antes de la entrada en operación del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas (2012). No deseaba un policía que la cuidara, sino trabajo, espacios educativos para sus pequeñas y la posibilidad de reintegrar a su familia.

En Tamaulipas, el narcotráfico se especializa como editor, si no lo haces, hay amenazas, luego golpizas. En el estado hay altos índices de impunidad en los crímenes contra periodistas, y durante el actual sexenio, el de Enrique Peña Nieto, han sido asesinados cinco, y ningún caso se ha esclarecido.

El 15 de mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el corresponsal de La Jornada en ese estado, Javier Valdés. El crimen no sólo le cambió la vida a la familia del periodista, sino también a una joven reportera de esa ciudad, Cynthia Valdez, que por ese hecho se vio orillada a dejar su tierra y protegerse en la capital del país.

Para ella, estar desplazada es sólo un caso más de la crisis silenciosa de miles de personas en México –más de 300 mil de acuerdo con cifras conservadoras– que arrastra a las víctimas a la invisibilidad.

A más de un año de su salida de Culiacán, la reportera ha visto crecer a sus hijas lejos del resto de su familia. Por lo menos 70 periodistas beneficiarios el Mecanismo de Protección han sido desplazados, y de ellos, 20 están en Ciudad de México, donde no hay trabajo para ellos, oportunidades de desarrollar sus conocimientos y su red social, laboral y económica es más compleja.