El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una solicitud de información al gobierno federal y al del estado de México sobre la obra del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, su impacto económico y ambiental.

Además, el pleno autorizó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación iniciar un programa especial de estudios a los análisis y trabajos realizados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua, relacionados con la construcción de la terminal aérea.

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cámara requirió un reporte del impacto que implicaría utilizar los terrenos donde se asienta el aeropuerto Benito Juárez en proyectos de desarrollo inmobiliario.

También, proyección del costo anual del mantenimiento directo por el hundimiento regional y específico del terreno y las construcciones, además del impacto del costo de mantenimiento general anual en costo de los boletos de avión, tarifas de uso de aeropuerto nacional e internacional y en su caso, de interconexión, así como los costos de operación de las aerolíneas, en el caso de Texcoco.

Se requirió incluso una proyección de los costos para los usuarios del peaje que tendrían que pagar en las carreteras que conectan con el aeropuerto en construcción, así como por estacionamiento en la terminal. Asimismo, un estudio comparativo entre Texcoco y el aeropuerto actual, de tiempos de traslado, costos de transporte y riesgos por la cancelación de operaciones por mal tiempo.

Al gobierno del estado de México se dirigió un exhorto para que envíe a la cámara información detallada de contratos por obras concluidas y en proceso.

En la presentación de posturas sobre el punto de acuerdo promovido por el Partido del Trabajo, la diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) cuestionó la consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Quien gobierna está obligado a tomar decisiones. Consulta implica pedir consejo, pero es ocioso cuando el que debe tomar decisiones es el gobierno electo, dijo.