El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), Francisco Maciel Amaya, reconoció que no se ha ejecutado el laudo que obliga al Sindicato Minero a pagar 54 millones de dólares a trabajadores de Grupo México, ya que hay otros procedimientos en trámite y además, siguen presentándose nuevas demandas en contra del organismo encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

Por separado, el representante jurídico del Sindicato Minero, Carlos de Buen Unna, comentó que es el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México quien promueve la presentación de demandas desde 2005, cuando se vio obligado a pagar al organismo gremial 55 millones de dólares, equivalentes a 5 por ciento de las acciones de Minera Cananea, requisito establecido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para la venta de la histórica mina.

De Buen Unna expuso que la emisión de ese laudo, el pasado 30 de abril, fue con fines político-electorales, y por ello el sindicato presentó un amparo, ya que la resolución de la JFCYA, estuvo llena de irregularidades, entre ellas pedir que se repartan 54 millones de dólares, que en parte ya se habían entregado a sindicalizados.

Por su parte, en entrevista, el titular de la JFCyA detalló que el laudo es el segundo que emite. El primero fue en agosto de 2012, donde también se condenó al Sindicato Minero por el reclamo de miles de trabajadores a participar en el reparto de 55 millones de dólares depositados en un fideicomiso.

Las demandas, abundó, se iniciaron en 2005 y el laudo de hace seis años reconoció el derecho de esos empleados a una distribución equitativa de esa suma. La junta federal resolvió a la luz de las pruebas rendidas en 17 expedientes.

Maciel Amaya detalló que el primer laudo fue impugnado por las partes. Se presentaron juicios de amparo que fueron resueltos en 2013 para corregir temas de índole procesal, entre ellos adicionar a la resolución de asuntos otros cuatro expedientes. Se pasó de 17 a 21 documentos, y se recibieron diversas pruebas en el extranjero.

El Sindicato Minero acudió a la Suprema Corte de de Justicia y esta secuela de recursos evitó que la JFCyA cumpliera con la obligación que le impuso el Tribunal Colegiado en las sentencias de amparo para emitir un nuevo laudo.

El Sindicato Minero se amparó de nuevo y el proceso puede llevarse muchos meses, expuso De Buen Unna, cuyo despacho jurídico lleva este asunto desde hace alrededor de dos décadas.