Jueces federales han considerado como casos que el Ministerio Público Federal debe investigar presuntos actos de tortura física y sicológica las quejas de internos de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), tales como que sus celdas no cuenten con un asiento o casillero, que no se les permita tener televisores, audífonos ni relojes.

Hay casos en los que se ha ordenado investigaciones de carácter penal porque algunos internos se han quejado de que sus testículos son torturados, debido a que las autoridades les proporcionaron trusas de talla menor a las que requieren o porque en sus visitas íntimas no se proporcionan pastillas para combatir la disfunción eréctil.

Los jueces federales que han concedido amparos o aceptado los señalamientos de la presunta comisión de actos de tortura en los procesos –que interponen presos del fuero federal acusados de secuestro, extorsión, delitos contra la salud y delincuencia organizada– se localizan en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit, estado de México, Chihuahua, Morelos, Sonora y Chiapas.

La Jornada obtuvo copia de decenas de casos en los que los jueces han ordenado que se turnen a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se inicien averiguaciones previas o se abran carpetas de investigación por presuntos actos de tortura física o sicológica, por considerar que las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, cometen actos que violan sus derechos humanos.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional fueron entrevistados al respecto y señalaron que existen incongruencias entre los integrantes del Poder Judicial de la Federación a los que les toca conocer esos casos, ya que en lugar de argumentar en lo racional de las peticiones o en lo que estipulan los reglamentos de las prisiones federales, hay vistas a la PGR en la que inclusive se pide practicar el Protocolo de Estambul, como ocurrió en un juzgado con sede en Chiapas, donde un interno señaló que su acto reclamado era por omisión y negativa a entregarnos ropa adecuada y calzado, como uniforme completo, tenis, zapatos, calzones y calcetas, y en su narrativa de hechos el interno refirió haber sido objeto de burlas porque un día tuvo que bajar al comedor del Cerefeso en shorts porque le proporcionaron trusas pequeñas que todos los días me torturan mis testículos.

Un grupo de internos –entre los que se encuentran dos capos de organizaciones delictivas de Sinaloa y Michoacán– pidió a un juez del estado de México que ordenara una investigación por tortura, ya que en el Cefereso que se localiza en esa entidad les habían confiscado televisores, adaptadores de corriente, audífonos y relojes y eso es tortura sicológica por no contar con ningún dispositivo para distraerse debido a que fueron sancionados con 36 horas sin actividades.