Mexicali, BC.

Los sueños de Cristóbal Cruz y la razón de estar en Estados Unidos se quebraron una vez que cruzó con su esposa y su hijo por la garita de San Ysidro, California. Originario de Tegucigalpa donde trabajaba como albañil,aún sueña con que su hijo de 15 años se prepare profesionalmente, se convierta en un hombre de bien y se olvide de lo que vivió en Honduras.

Sin embargo, desde hace 47 días, Cristóbal nada sabe de su vástago pues lo separaron las autoridades migratorias estadunidenses al día siguiente de iniciar su trámite legal en el puerto fronterizo.

Su hijo es uno de los 123 menores de edad que solicitaron refugio humanitario luego del periplo que se convirtió el viaje de sus padres en la Caravana del Migrante 2018 que partió de Tapachula, Chiapas, hacia Tijuana, Baja California.

Justo un día después de ingresar los 228 centroamericanos por la garita de California, el 5 de mayo de 2018, el gobierno de Donald Trump instrumentó la política de cero tolerancia contra la migración ilegal.

Aunque la petición de refugio humanitario está dentro de las leyes de Estados Unidos, los niños y adolescentes fueron separados de sus padres y trasladados a campamentos de la Patrulla Fronteriza.

La mayoría son originarios de Honduras; pero también hay guatemaltecos y salvadoreños que fueron separados de sus familias una vez que se encontraron en la frontera.

Otro hondureño, también albañil, decidió proteger a sus dos hijos, y se quedó en Tijuana para no exponerlos a que los deportaran o los separaran de su lado mientras concluiría un trámite que puede durar años.

Se trata de Ángel Javier Rivera, quien junto con su esposa y sus hijos de tres y un año de edad huyeron de San Pedro Sula por la violencia de los maras y advirtió que no los pondría en riesgo con los migras. Ahora radica en esta frontera, pues ya no le interesó cruzar a Estados Unidos.

En cambio, su paisano Carlos Antonio Aguilera Serna optó por el refugio humanitario y nunca se imaginó que al caminar la escalera de caracol en Tijuana que lo llevó al puerto fronterizo estadunidense, lo separarían de sus tres hijos.

La sonrisa desapareció de su rostro y la incertidumbre de donde están sus hijos le produce mayor temor que la presencia de los maras que le exigían cobro de piso por la venta de dulces.

Otra comerciante salvadoreña, Elim Orellana, con siete meses de embarazo, pide al cielo que su parto se produzca una vez que le otorgue refugio la administración Trump. No sabe qué es peor: la amenaza de muerte que le hicieron los maras o que le arrebaten a su hija de su pecho.

En los campamentos estadunidenses hay más de dos mil niños a la espera de que se determine su situación jurídica y la de sus padres que permanecen en centros de detención migratoria.

En el caso de los niños de la Caravana del Migrante, se incluye a menores de dos meses, hasta de 17 años de edad cuyos padres fueron trasladados de Otay Mesa –limitrofe con Tijuana– a otros centros migratorios.

La Patrulla Fronteriza informó este viernes que se instrumentan acciones para cumplir el decreto de Trump para reunificar a padres con hijos que están en espera de la resolución de su estatus migratorio.