La respuesta de México ante la criminalización y separación de familias migrantes, así como de su detención sistemática, no debe descartar el recurrir a organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales, así como a los sistemas internacionales en la materia, demandó la asamblea consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos puso en evidencia la prevalencia de medidas de control migratorio opuestas a los principios más amplios de protección internacional, expuso el órgano consultivo integrado por ciudadanos.

Para que la política de defensa de los migrantes mexicanos en el exterior tenga dientes, no puede quedar descartado el recurrir a los órganos jurisdiccionales, tanto de Estados Unidos como de México e incuso internacionales, explicó José Antonio Guevara Bermúdez, miembro de la asamblea y presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Lo anterior, explicó Guevara, tiene como finalidad que se investiguen los delitos cometidos contra menores y adultos que fueron detenidos, separados y encerrados en la frontera sur de Estados Unidos.

Asimismo, abundó, el gobierno mexicano puede acudir a órganos mundiales, como la Corte Internacional de Justicia, y reclamar el incumplimiento de normas fundamentales del derecho internacional, como se hizo en el caso Avena .

Por otro lado, para que México sea consistente con su reclamo internacional, no puede hacer lo mismo en lo interno, y en el país persisten malas prácticas en la materia, como la separación de familias y la detención de menores.

Creemos indispensable y urgente la implementación de las medidas necesarias para garantizar los derechos de todas y todos los migrantes en México, instó la asamblea consultiva del Conapred.