El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir todas las recomendaciones que los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Edison Lanza, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, hicieron al Estado mexicano en el informe final que documenta la compleja situación de enfrentan los periodistas en el país.

Lo anterior fue expresado por diversas organizaciones sociales que trabajan en temas de libertad de expresión y defensa de los reporteros.

Ayer, en conferencia de prensa, lamentaron que ningún candidato presidencial haya manifestado un compromiso o interés por resolver la violencia a la que se enfrenta el gremio, que ha dejado de 2000 a la fecha 136 periodistas asesinados.

Por ello, demandaron que una vez definida la elección presidencial del 1º de julio se inicie una mesa de trabajo con el equipo del gobierno de transición para atender las recomendaciones de los relatores.

Integrantes del Comité para la Protección de Periodistas, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Propuesta Cívica, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, entre otras organizaciones, señalaron que uno de los temas más sensibles en el sexenio que está por concluir es la deuda que deja Peña Nieto en el tema de libertad de expresión e información.

Subrayaron que sólo con la aplicación de las medidas recomendas por los relatores especiales de la CIDH y la ONU se podría combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas y garantizar su seguridad.