El ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo representan hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México, señalan los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.

Ayer, ambos especialistas dieron a conocer su informe final sobre la visita de trabajo que realizaron a México entre noviembre y diciembre del año pasado, en el que dan cuenta de la delicada situación que enfrentan los comunicadores, dados los ataques tanto de actores oficiales como del crimen organizado.

Un punto que destaca en el reporte es la relevancia que otorgan al periodismo en el contexto electoral, sobre todo considerando que es una condición para el ejercicio del derecho del público a la información y la posterior participación política en los comicios. Como consecuencia de esta función, los reporteros actúan en medio de intereses contrapuestos y es posible que se conviertan en blanco de amenazas y agresiones físicas tanto por parte de actores políticos como de actores no estatales.

El relator Kaye, en un enlace desde Ginebra –donde ayer presentó este informe, en el contexto en la 38 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU–, indicó que se trata de un punto central en la actual coyuntura, en la que todos los involucrados, particularmente los candidatos a la Presidencia, deben pronunciarse y asumir la importancia de la labor periodística.

Instó a las autoridades adoptar una estrategia específica para garantizar la seguridad de los comunicadores durante el proceso electoral, pues las organizaciones civiles Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras han documentado que entre enero y mayo (en el contexto de los comicios) se han dado 45 casos de agresiones a periodistas, 16 de ellas a mujeres, y cuatro ataques a medios de comunicación.

En su visita a México, los relatores identificaron casos de amenazas, agresiones físicas, atentados contra la vida, secuestros, desplazamiento forzado, intimidación, estigmatización, discriminación, condiciones de trabajo deficientes, espionaje y ataques digitales, diescrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, despido de reporteros con posturas críticas al régimen, falta de pluralismo en la titularidad y criterio editorial de los medios, entre otros, que agudizan la vulnerabilidad de estos profesionales.

Los relatores resaltaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que de 2010 a la fecha se han dado 73 homicidios, 12 desapariciones forzadas y 44 intentos de asesinato. Además, que entre 2006 y 2017 se registraron 52 ataques contra medios de comunicación.

La constante en los crímenes contra el gremio es la impunidad, pues 99.6 por ciento de los casos no han sido esclarecidos por las autoridades. Lamentan que ni el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión hayan logrado hasta ahora erradicar la violencia contra este gremio ni han contribuido significativamente a combatir la impunidad y recuperar la confianza pública.