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Solicitan protección para amenazados

Suspenden devolución de predios a wixárikas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de abril de 2018, p. 35

Guadalajara, Jal.

La delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Nayarit obtuvo del tribunal agrario 56, con sede en Tepic, la suspensión provisional de la ejecución de dos sentencias para restituir predios a la comunidad wixárika (huichola) de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, en el poblado de Huajimic, en el municipio nayarit de La Yesca, que se realizaría este miércoles.

De acuerdo con la Sedatu, el rechazo violento de habitantes de Huajimic a entregar sus tierras pone en riesgo la integridad de funcionarios del tribunal y de la dependencia federal, así como las de los abogados de la comunidad indígena, quienes en al menos tres ejecuciones anteriores se han topado con bloqueos.

Dicha autoridad administrativa en materia agraria inició gestiones para la negociación entre las partes, en oficinas centrales en la Ciudad de México, con autoridades de Nayarit y Jalisco, acota el acuerdo del magistrado Aldo Saúl Muñoz López, del tribunal agrario 56.

Citó información publicada en La Jornada y en un medio jalisciense, que resaltaron no sólo la agresión física y verbal al actuario y al perito topógrafo de este tribunal, sino también al personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que observaba dichas diligencias (las ejecuciones suspendidas por la oposición de pobladores de Huajimic); no se diga la brutal agresión de que fueron objeto el abogado de la comunidad (Carlos González) y su perito topógrafo (Cristian Chávez).

Resaltó que aunque se pidió apoyo a diversas instancias de gobierno para hacer cumplir las sentencias, le fue negado por diferentes razones y por ello se suspendió la ejecución programada para este miércoles.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó al gobierno mexicano que intervenga urgentemente para salvaguardar la integridad del abogado González y del activista y topógrafo Cristian Chávez, a quienes ganaderos de Huajimic amenazaron de muerte.