Tres años y medio después del asesinato de tres estudiantes y la desaparición de otros 43 de la Normal de Ayotzinapa, las autoridades sólo han atendido 15 por ciento de las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho sobre el caso.

El organismo ha presentado tres reportes sobre los hechos, en los que formuló 57 observaciones a distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno; al cierre de 2017 sólo se habían atendido totalmente nueve, 12 no se han reparado y 36 se encuentran en vías de atención.

Esto toma relevancia ya que en los próximos días el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez presentará la recomendación por el caso Iguala, en la que de acuerdo con funcionarios de esta instancia, hay elementos para afirmar que a más de 42 meses de lo hechos aún no hay verdad, justicia ni reparación.

Las autoridades que han sido señaladas por la CNDH son: la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) y el ayuntamiento de Iguala.

El primer informe del 23 de julio de 2015, titulado Estado de la investigación del caso iguala, con 32 observaciones (26 para la PGR, tres a la CEAV, dos a la FGEG, y una al municipio de Iguala).

En él, el ombudsman nacional llamó a romper la alianza entre el crimen organizado y las autoridades, y advirtió que sin esa ruptura nunca se alcanzarán la paz ni la justicia en México.

Algunas de las observaciones son: la necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a las víctimas y sus familiares, la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, la no ejecución de órdenes de aprehensión y la falta de medidas que contribuyan a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en Iguala.

El segundo documento se difundió el 14 de abril de 2016, se refería a la participación en la desaparición de los normalistas por agentes de la policía municipal de Huitzuco, así como de dos policías federales, además de la corporación municipal de Iguala, por lo que dirigió 17 observaciones más a la PGR.

En este análisis, la CNDH confirmó la llamada segunda ruta de desaparición de los normalistas en el punto conocido como Puente del Chipote, de Iguala, y pidió a la PGR profundizar en sus indagatorias para confirmar o descartar la intervención de los agentes de estas tres corporaciones (PF, de Huitzuco e Iguala) en los hechos y su posible vinculación con la delincuencia organizada.

Señaló que un grupo de entre 15 y 20 normalistas que iba en un autobús de la línea Estrella de Oro había sido detenido, obligado a bajar ahí y los jóvenes habrían sido llevados a Huitzuco para presentarlos ante un individuo conocido como El Patrón, posible líder de Guerreros Unidos y quien resolvería su destino.

El tercer reporte se presentó el 11 de julio de 2016, y en él se hacen observaciones por la participar de Julio César Mondragón Fontes, quien apareció sin vida y con el rostro desollado tras los hechos. Se hicieron cuatro observaciones más a la PGR, tres a la CEAV y una a la FGEG.

La CNDH acreditó que en su tortura y homicidio participaron al menos 11 personas, entre integrantes de Guerreros Unidos y policías de Iguala. Señaló que la causa de la ausencia de piel y rostro del joven fue por la intrusión de fauna depredadora, no por acción humana, y que murió por traumatismo craneoencefálico y no por un disparo en la cabeza.