e acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante el sexenio actual el número de reclamaciones de usuarios de bancos en contra de los llamados movimientos operativos de la banca (MOB) se incrementó en más de 55 por ciento respecto del periodo anterior.

Los movimientos citados, que la banca realiza de manera automatizada y centralizada, como cargos automáticos o programados (domiciliaciones) por concepto de pagos de bienes, servicios y créditos, entregas de efectivo en cajeros automáticos, cobros de intereses ordinarios y/o moratorios, cargos de comisiones, de cuotas o impuestos, aplicación de depósitos, pagos o transferencias, entre otros, generaron 2 millones 152 mil 77 reclamaciones, equivalentes a una cuarta parte de las quejas presentadas ante la Condusef contra la totalidad de las entidades financieras del país.

Durante 2017 un millón 441 mil 366 clientes de la banca privada impugnaron los MOB por más de 9 mil millones de pesos. Aunque 71 de cada 2 mil cien reclamos fueron resueltos en favor de los usuarios, éstos sólo recibieron, en promedio, 42 por ciento de los montos reclamados, destacó la institución encargada de proteger a los clientes bancarios. Las empresas financieras que concentraron más quejas fueron BBVA-Bancomer, con 637 mil 822, por operaciones que afectaron a 453 mil 162 personas; CitiBanamex, con 635 mil 282 reclamos y 413 mil 470 afectados, y Santander, con 276 mil 368 quejas y 227 mil 156 personas afectadas.

Es relevante contrastar estos datos con los que corresponden a las utilidades de la banca comercial en el país en el mismo periodo: 135 mil 735 millones de pesos, cifra que resultó 28.8 por ciento superior a la de 2016; 76 por ciento de esas ganancias se concentró en BBVA-Bancomer, Banorte, Santander, CitiBanamex e Inbursa.

Es difícil imaginar un giro tan lucrativo en el que los clientes sean maltratados de manera tan generalizada como la banca comercial en México. Lo cierto es que, sin considerar fraudes cibernéticos y otras prácticas abiertamente delictivas no atribuibles a las empresas financieras, es difícil encontrar en el país a un solo cliente bancario que no haya sufrido cobros abusivos e injustificados o faltantes inexplicables en sus estados de cuenta, ni uno que no tenga la percepción de ser víctima de contratos y condiciones leoninas.

Tal circunstancia, que debilita las perspectivas de estabilidad financiera de la economía en su conjunto y representa factores de incertidumbre nunca considerados en los estudios que realizan las instituciones oficiales o particulares, como los centros de análisis de los propios bancos, se origina en la complacencia de las entidades encargadas de regular el comportamiento de las empresas bancarias, empezando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, pero también por el Legislativo y el Ejecutivo federal, los cuales no han querido o no han podido elaborar leyes y reglamentos punitivos capaces de contrarrestar la inocultable arbitrariedad de los bancos y la exasperante indefensión de sus usuarios.

Finalmente, si un consenso nacional es garantizar la certidumbre jurídica en todos los ámbitos, una tarea esencial es que el Estado se tome en serio la tarea de asegurar la integridad patrimonial de los clientes de los bancos y se dote, en consecuencia, de los instrumentos jurídicos y reglamentarios para meter en cintura a las corporaciones bancarias que operan en el país.