La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar a cualquier servidor público, partido político o candidato que intente condicionar o inducir el voto el próximo primero de julio.

En esta elección, considerada histórica por los 3 mil 406 cargos públicos en contienda, entre ellos el de presidente de la República, la Fepade dijo estar lista para atender todas las denuncias. Para ello da a conocer hoy el cuaderno Diez delitos electorales que debemos conocer y denunciar.

Silvia Alonso Félix, directora general de política criminal y vinculación en materia de delitos electorales de la Fepade, dijo a La Jornada que será un proceso electoral muy competitivo y que, a unos días de haber iniciado las campañas, ya han recibido 250 denuncias.

Las denuncias que más atiende son por alteración al Registro Federal de Electores –que equivale a 80 por ciento de las querellas presentadas–, el condicionamiento de programas o servicios públicos, la compra o coacción del voto y la utilización de bienes o servicios públicos en una campaña.

El llamado es a la ciudadanía a denunciar. Si bien es cierto que los delitos electorales se persiguen por oficio, es importante la denuncia. Estamos conscientes de que será un proceso electoral muy competitivo, grande, y que estamos atentos a cualquier situación que se pueda presentar para atenderla de acuerdo con nuestras competencias y funciones, enfatizó.

Comentó que históricamente, el mayor número de denuncias recibidas son en las entidades con más población o con cierta conflictividad, como el estado de México y Veracruz; sin embargo, ahorita sería arriesgado decir cuáles son los estados en que puede haber más querellas, porque apenas iniciaron las campañas.

En entrevista, Alonso Félix indicó que existen más de 200 delitos electorales, pero la publicación, elaborada en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene como propósito que la ciudadanía conozca los que se cometen con más frecuencia y así poder denunciar.

En ese sentido explicó que por cuestiones de recursos sólo se imprimirán 4 mil ejemplares, pero el cuadernillo estará disponible en las páginas de Internet de la Fepade y del Inacipe, además de utilizar las redes sociales para causar más impacto en la población.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el servidor público que utilice en apoyo a un candidato o partido político bienes o servicios puede ser denunciado por el delito de peculado y podrá alcanzar una pena de dos a nueve años de prisión. Con esa misma pena se castiga a quien condicione el acceso a servicios públicos y programas sociales.

Al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, voten o se abstengan de sufragar por un candidato, partido o coalición, se le impondrá una pena de hasta 400 días multa y prisión de dos a nueve años.

Por otra parte, quien realice algún acto intimidatorio que atente contra la libertad del sufragio o imposibilite el libre acceso de los electores a la casilla, se le impondrá una pena de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años. Si esta conducta se realiza por personas armadas, la pena aumentará hasta en una mitad.

Rebasar los montos de campaña o utilizar dinero ilícito en las campañas se sanciona con 5 mil días multa y 15 años de prisión; destruir o dañar material electoral puede ser acreedor a una pena de dos a seis años de prisión si es miembro de un partido político, y si es un ciudadano sin afiliación partidista la sanción puede ser de seis meses a tres años de cárcel.

No cumplir con la rendición de cuentas a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, al candidato o funcionario partidista se le impondrá de 100 a 200 días multa y prisión de dos a seis años.

Difundir o publicar encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de ciudadanos durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas podrá ser sancionado con una multa de 100 días y una pena hasta de tres años de prisión.

Si un ministro de culto induce al voto comete un delito electoral que se castiga hasta con 500 días multa, mientras alterar los datos de la credencial para votar podrá alcanzar una pena de tres a siete años de prisión.