La decisión delegada a los congresos locales de fijar topes de gastos de campaña provocó un incremento galopante de recursos que se ejercerán en las campañas para gobernadores, generando contiendas millonarias a escala local.

Por ejemplo, con 157.9 millones pesos, Veracruz ha triplicado este gasto desde 2010 y representa ya 30 por ciento del tope del gasto para los comicios presidenciales, de 429 millones de pesos. A su vez, en Yucatán, se ha triplicado la cifra, al pasar de 21.5 a 64.5 millones de pesos de la pasada elección a la de este año.

En contraste, en Ciudad de México el gasto permitido se ha colocado en el extremo opuesto, con sólo 30 millones de pesos de tope para las campañas.

Estos casos, advierte el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, representan escenarios riesgosos: lo ideal sería huir de los dos extremos, aquellos artificialmente bajos que en aras de disminuir el costo puedan generar conductas indeseadas, como el ocultamiento, y con ello puedan poner en riesgo gratuitamente los comicios” por el rebase de topes de gastos de campaña como causa de nulidad.

Según un estudio elaborado en la oficina del presidente de la comisión, el comparativo del gasto por elector revela la enorme heterogeneidad en la materia. De acuerdo con el documento, con un listado nominal de 7.6 millones de electores, en Ciudad de México los candidatos podrán gastar 3.95 pesos por elector –la más austera en el país–, en Jalisco será de 4.82 pesos y a escala nacional los aspirantes a la Presidencia erogarán hasta 4.81 pesos por votante potencial.

En el otro extremo sobresale Yucatán con los comicios más caras, si se revisa el gasto por elector: con un listado nominal de 1.5 millones de ciudadanos, los abanderados podrán gastar 41.8 pesos por cada uno, esto es, quienes aspiran a la gubernatura podrán ejercer casi nueve veces más que lo permitido a un candidato presidencial por cada elector, u 11 veces lo que gastarán en Ciudad de México.

De las nueve gubernaturas en juego, Veracruz es el tope de gastos más elevado, con 157.9 millones de pesos, que, con 5.7 millones de electores representa 27.8 pesos por elector; sin embargo, su peculiaridad es que apenas en 2016, se fijó un tope de 87.2 millones de pesos y en 2010 era de 52 millones.

Tenemos una enorme dispersión normativa y alta heterogeneidad en este ámbito que se dejó en manos de los congresos locales, advierte Murayama. Los topes muy bajos tienen un peligro fuerte, pues si no consiguen que las campañas por sí se vuelvan austeras, pueden estar generando conductas indeseadas, subraya.

Ya desde 2017 esta dispersión en los topes de gastos de campaña fue evidente entre el estado de México y Coahuila. En la primera entidad, más que un techo, teníamos un cielo (285.5 millones de pesos, el más elevado en el país, ya que por sí solo representa casi 10 veces más que el de la capital). En la segunda se tuvo uno muy reducido (19.2 millones de pesos), sostiene el consejero.

Sin embargo, en ambos extremos se puede caer en cifras irreales: “afortunadamente el gasto presidencial está en la regulación federal, pero me pregunto si 1.4 millones de pesos que se tiene como tope para el gasto de campaña de diputados federales no está rezagándose ya. Hay buenos propósitos que pueden acabar dando resultados contrarios.

Ante una cifra de gasto irreal ¿qué se puede hacer? Uno es que se renuncie a gastar o lo otro es no reportar ese gasto, y eso es ya caer en la ilegalidad. Las normas no pueden favorecer incurrir en conductas ilegales, por eso lo mejor es tener topes realistas que permitan tener un origen transparente, señala Murayama.

En el desagregado del documento de la presidencia de la comisión se compara también el potencial gasto que podrán ejercer quienes aspiran a ser diputados locales, evidenciándose también una dispersión acentuada. Mientras un diputado en Ciudad de México puede gastar solamente 3.9 pesos por cada elector, en Yucatán podrán ejercer 41.84 por cada uno; en Sonora, 39.44 o en Durango, 38.48 pesos.

Situación similar revela el comparativo para quienes buscan presidencias municipales o alcaldías: en la capital del país el gasto promedio es de 2.63 pesos, y en Jalisco 5.25, mientras en Tamaulipas será 15 veces más, con 44.41 pesos o, de nuevo Yucatán, con 42.8 pesos, lo cual tendrá sus consiguientes efectos en la fiscalización.