Madrid.

El Estado español sufrió este jueves un doble revés, pues en Alemania, la Audiencia Territorial de Schleswig dejó en libertad bajo fianza al ex presidente catalán Carles Puigdemont, rechazó tramitar su extradición por el delito de rebelión, como pidió la justicia española, y sólo admitió el de malversación. En Bruselas, un juez dictaminó la libertad sin fianza para tres ex consejeros catalanes que huyeron junto con Puigdemont en octubre pasado.

Puigdemont se mostró triunfal en las redes sociales: Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, se limitó a señalar que acatamos la decisión y confiamos en la justicia española para hacer cumplir la ley.

El conflicto entre Cataluña y España se trasladó a tribunales de Alemania, hacia donde Puigdemont huyó y fue apresado tras huir de Bélgica, donde permaneció varios meses en compañía de sus tres ex consejeros. El ex presidente saldrá en libertad después de pagar una fianza de 75 mil euros, mientras Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig estarán en libertad sin fianza y con medidas cautelares mínimas en lo que se decide si son entregados al Estado español.

El juez instructor de la causa general contra los independentistas catalanes, Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, acusó a Puigdemont y a sus allegados de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia. La justicia alemana ya dictaminó que no extradirará a Puigdemont por rebelión, pues en la jurisprudencia alemana equivale a alta traición, delito que supone que el acusado ejerció violencia.

El tribunal explicó que el proceso de extradición contra el ex presidente Catalán sigue su curso, pues aún se investiga si es culpable de corrupción y malversación de fondos públicos.

Puigdemont se encuentra en la prisión de Neumünster desde el pasado 24 de marzo, cuando fue detenido.

Los desencuentros entre los independentistas y las decisiones judiciales impulsadas desde Madrid han impedido formar un nuevo gobierno que ponga fin a la intervención del gobierno español en las instituciones catalanas mediante el artículo 155 de la Constitución.