La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que durante el ataque que Los Zetas cometieron entre el 18 y 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila (donde privaron de la libertad y desaparecieron a más de 300 personas, incluidos niños, destruyeron 40 viviendas y siete ranchos), y las posteriores indagatorias sobre el caso, autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en graves violaciones a las garantías fundamentales de las víctimas y sus familias.

El organismo emitió la recomendación 10VG/2018, en la que da cuenta de que durante los eventos de hace siete años y semanas después se dieron desapariciones forzadas, pues los criminales contaron con la tolerancia, autorización y hasta apoyo de policías municipales, hubo detenciones arbitrarias, además de imprecisiones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la antigua procuraduría, hoy Fiscalía, General de Justicia del Estado, lo que vulneró los derechos a la verdad e impidió investigaciones.

Además, se reportaron testimonios de que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían presenciado los hechos, aunque no se pudieron acreditar esas afirmaciones. En la recomendación se pide a la PGR indagar a fondo esos señalamientos.

El documento firmado por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, está dirigido al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme Solís; al fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, y al presidente municipal de Allende, Alberto Alvarado Saldívar.

Diversos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos ex integrantes de Los Zetas, han dado cuenta ante tribunales de aquel país que lo sucedido en Allende se trató de una aparente venganza de los entonces líderes del cártel, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, El Z40 y El Z42, quienes habrían sido delatados por integrantes de la banda cuyas familias vivían en esa comunidad.

La CNDH encontró además que en informes emitidos por El Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones en actas de procesos judiciales estadunidenses, formuladas por esos testigos protegidos en contra de servidores públicos federales de Coahuila y de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con Los Zetas, situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias.

También llamó la atención sobre la crisis de ingobernabilidad que se presentó en el Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, que entre 2009 y 2012, operó bajo control de ese grupo.

Tras investigar el caso, la CNDH concluyó que servidores públicos incurrieron en diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal a raíz de la detención arbitraria de 34 personas y otros pobladores del municipio, atribuibles a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Allende. También se violó la libertad e integridad personal por la desaparición forzada, privación de la libertad contra varias personas más, incluidos menores de edad.