En cinco años el hacinaniento en cárceles estatales se incrementó de manera considerable. De acuerdo con el documento Estadística sobre sistema penitenciario estatal en México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 un total de 13 entidades tenían sobrepoblación, pero para 2015 subió a 21, es decir, un aumento de 62 por ciento.

En este periodo otro rubro que se elevó fue el de la sobrepoblación crítica, al pasar de siete a 12 estados, 71 por ciento, con ese riesgo. Sin embargo, hasta 2016 Michoacán, Nayarit y el estado de México han tenido más o casi el doble de personas recluidas de las que su capacidad permite.

En contraste, 13 entidades no reportaron problemas: Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Coahuila, Campeche, Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, Yucatán y Tlaxcala. Aunque ocho tuvieron este problema en alguno de los años censados.

Además, 10 han presentado hacinamiento de manera constante, entre ellas Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Sonora. Las primeras cuatro han registrado situación crítica desde 2010.

De acuerdo con las estadísticas, en 2010 había 183 mil 247 presos y el sistema penitenciario en las entidades podía albergar a 158 mil 665. Cinco años después, se registraron 217 mil 595 reos, una variación de 19 por ciento, ya que había lugar para 169 mil 227.

Un cambio de tendencia ocurrió en 2016, cuando sólo 14 entidades reportaron establecimientos penitenciarios con sobrepoblación; la penúltima menor cifra reportada desde que se iniciaron los censos en esta materia. Una de las explicaciones potenciales podría atribuirse a la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual restringe el uso de la prisión.

Los delitos más frecuentes de los reclusos fueron robos (incluidos casa habitación y vehículo), homicidios, hurto simple, posesión simple de narcóticos y lesiones.

Según el documento, el uso indiscriminado de la prisión puede conducir a la saturación de los penales y con ello dificultar la reinserción social. Por tal motivo conviene poner especial atención en los establecimientos penitenciarios cuya población sin condena pueda acceder a medidas cautelares establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al cierre de 2016, más de 65 mil personas recluidas en los centros penitenciarios aún no tenían sentencia, es decir 35 por ciento, de los cuales 93 por ciento eran hombres. La proporción de las personas sin sentencia en 21 estados se encuentra por encima del nivel nacional y 14 están por arriba del promedio. Destacan Michoacán, donde casi el total carece de veredicto, así como Baja California y Durango, donde 66 por ciento estaba en la misma situación, seguido por Oaxaca, y Quintana Roo.

Para el caso femenino se agudiza el tema, debido a que 30 estados superan el promedio nacional y 25 el estándar latinoamericano. En Michoacán se reportó que todas las mujeres privadas de la libertad carecen de condena. En Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, 78 por ciento de las reclusas se encontraban también sin sentencia.