l candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya Cortés, reiteró ayer la demanda de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) envíe a México una misión de observación electoral para garantizar que se respeten las leyes y el voto de la gente en los comicios de julio próximo.

Ya el 7 de marzo la bancada senatorial panista había entregado a ese organismo regional una denuncia por el supuesto uso faccioso de la procuración de justicia en contra de Anaya –quien se encuentra involucrado en una investigación de la Procuraduría General de la República por lavado de dinero– a fin de que esa misión de observación emita las recomendaciones pertinentes para que abone a un proceso electoral en el que el gobierno federal se mantenga al margen del proceso electoral. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza la coalición Todos por México, pidió la semana pasada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que distribuya entre los países miembros el expediente que detalla las acusaciones contra Anaya Cortés, según lo dijo la secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, quien agregó que el funcionario internacional había aceptado la petición.

El hecho de llevar al organismo panamericano la disputa entre la candidatura del panista y la del oficialista José Antonio Meade Kuribreña, no puede interpretarse sino como un mensaje de desconfianza y descalificación a la institucionalidad electoral mexicana por parte de ambas coaliciones. Resulta lamentable que el PRI, que ocupa el gobierno federal, se preste a reforzar ese mensaje, y no lo es menos que lo haga el PAN, el cual resultó beneficiado por esa misma institucionalidad en los comicios presidenciales de 2000 y 2006, el segundo de ellos manchado por las acusaciones hacia el entonces Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su actitud parcial en favor del blanquiazul, e incluso por los señalamientos de fraude electoral que quedaron asociados de manera indeleble a los comicios de los que surgió el gobierno de Felipe Calderón. El empeño de ambas coaliciones por dirimir su pleito en instancias internacionales debilita de antemano la confianza y la certeza requeridas para el ejercicio del sufragio ciudadano en la próxima elección.

Por otra parte, no debe soslayarse la imprudencia de recurrir a la OEA para resolver disputas internas, habida cuenta del triste historial de ese organismo como facilitador y hasta ejecutor de los designios políticos de Washington para todo el continente, un papel que se ha visto reforzado durante la secretaría general de Almagro. En otros términos, al abusar del recurso a la Organización de los Estados Americanos, las campañas priísta y panista abren la puerta al injerencismo estadunidense en el proceso electoral en curso en nuestro país. Por donde quiera que se le vea, se trata de un flaco favor a las instituciones, la vida democrática y la soberanía nacionales.