En los años recientes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha hecho avances importantes para definir un piso mínimo en diversos aspectos legales relacionados con la cultura de la rendición de cuentas, por lo que ahora el principal reto es llevar dichas conquistas a la práctica diaria.

Así lo afirmó la comisionada Areli Cano Guadiana, quien el próximo 31 de marzo terminará su periodo de cuatro años como integrante del pleno del instituto. En entrevista con La Jornada, formuló un recuento de los logros y pendientes de su trabajo, así como un balance de la situación actual del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En opinión de Cano, uno de los avances más importantes de índole personal como en el colegiado del que forma parte desde 2014 es el diseño de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se logró establecer un piso mínimo normativo, ahora hay que instrumentarlo y hacerlo eficaz, indicó.

El reto para los compañeros comisionados que se quedan y los que se incorporen será la implementación de este sistema, porque el Congreso amplió la estructura y la gama de sujetos obligados que deben rendir cuentas, entre ellos los partidos políticos, los sindicatos e incluso las personas físicas que reciben recursos públicos.

Por otra parte, Cano enfatizó la importancia de que los ciudadanos perciban al Inai como un organismo defensor de sus derechos, ante la concepción patrimonialista que aún tienen muchas instituciones, las cuales tratan constantemente de reservar información.

Luego de destacar que han promovido la transparencia en casos emblemáticos de derechos humanos, como Ayotzinapa y Tlatlaya, así como en conflictos medioambientales y de realización de obra pública, la comisionada subrayó que el Inai debe tener un papel de mayor liderazgo en el SNA.

Con respecto de las piezas faltantes en dicho sistema –como el fiscal anticorrupción y los magistrados especialistas en la materia Cano Guadiana afirmó que en principio sí complica el funcionamiento de todo el aparato, aunque de todas formas hay instituciones que llevan a cabo este trabajo. El hecho de que no estén ahorita todos sus titulares no implica que no cumplan con su función, subrayó.

Al preguntársele qué está faltando para lograr mayores avances en la lucha contra la corrupción, afirmó que se trata de un fenómeno que no se va a resolver sólo con leyes y en el corto plazo, sino que depende en gran medida de la voluntad política de las autoridades, pero también de un cambio de mentalidad en la iniciativa privada y la ciudadanía.

A propósito del relevo tanto de ella como de la comisionada Ximena Puente de la Mora, Cano afirmó que sería deseable el nombramiento de otras dos mujeres en el pleno, para garantizar la equidad de género. Tampoco hay que cerrarle la puerta a otras personas que tengan las capacidades jurídicas y éticas para ocupar estos cargos, pero lo deseable es que las mujeres los cubran.

Asimismo, consideró que el proceso de designación de quienes asuman los cargos vacantes debe cumplir con los requisitos básicos de tener alta dosis de transparencia, participación ciudadana y publicidad, como ocurrió en 2014.

Para lograrlo, estimó, no debe permitirse que interfiera en nada el hecho de que este sea año de comicios. Ojalá que no se entorpezca el nombramiento con la excusa de los procesos electorales. No tienen nada que ver los dos temas; corren por cuerdas separadas.