Abatir la desigualdad económica y social es condición indispensable para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en un país en el que 30 por ciento de la población enfrenta carencias sociales y 53.4 millones de personas viven en la pobreza.

Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigó a las autoridades atender de manera inmediata esos problemas a través de políticas encaminadas al combate a la pobreza y la adopción de un modelo económico sostenible e inclusivo.

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, que se conmemora este 20 de febrero, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió un posicionamiento en el que destacó que el abatimiento de la pobreza constituye el primer objetivo que plantea la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, dicho imperativo es definitorio para la consecución de los restantes objetivos de desarrollo.

Las recientes estimaciones de la pobreza en México, publicadas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), muestran que 53.4 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza, y de éstas, 9.4 millones viven en pobreza extrema. Casi 30 millones de personas enfrentan carencias sociales como rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda (casi 68.4 millones) al igual que servicios básicos, y de alimentación.

La CNDH remarcó que el estudio del Coneval da cuenta del contraste en la distribución de la riqueza, pues entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla ostentan los niveles más altos de pobreza con 77.1, 70.4, 64.4, 62.2 y 59.4 por ciento, respectivamente, mientras que Nuevo León, Baja California Sur y Baja California, con 14.2, 22.1 y 22.2 por ciento, reportan los índices más bajos.

La CNDH hace un llamado a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a emprender acciones encaminadas al combate a la pobreza y reducción de las de-sigualdades a través de políticas públicas y procesos de planeación que reflejen una perspectiva de derechos humanos, además de estar sujetos a la participación y escrutinio de la sociedad civil.