l presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, lamentó ayer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le prohíbe extraer las boletas de las urnas a fin de efectuar un conteo para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y con el cual el árbitro electoral esperaba dar resultados a una hora temprana tras el cierre de las casillas en la elección del próximo primero de julio. A decir del funcionario –quien en este punto contó con el respaldo unánime de los otros consejeros electorales–, el retraso de varias horas en la difusión del PREP pondría en riesgo la información oportuna y podría desatar suspicacias sobre el resultado de los comicios. Córdova agregó que el vacío de información en las horas posteriores al cierre de la votación abona a la especulación y la incertidumbre y no a la estabilidad política y financiera y podría generar afectaciones a la paz pública. De su lado, la consejera Pamela San Martín censuró también la decisión del TEPJF porque sin cifras oportunas no será posible desarticular especulaciones, en tanto que su colega Dania Ravel dijo que el retraso podría poner en entredicho los resultados. El consejero Jaime Rivera, por su parte, señaló la posibilidad de que una difusión tardía de resultados preliminares abra la puerta a proclamaciones de victoria anticipada por parte de los candidatos.

e atribuye a Mark Twain la frase la historia no se repite, pero rima. El 5 de febrero pasado el mercado de valores de Estados Unidos experimentó su mayor caída desde mediados de 2007 y no acaba por recuperarse: ¿esta caída será similar a la de 1987, será seguida por una recuperación rápida, y será vista como un bache en la recuperación de la larga depresión de los 10 años pasados? ¿O será como en 2007, cuando la caída de la bolsa anunció el comienzo del mayor colapso de la producción capitalista mundial desde la década de 1930? O, se pregunta Paul Walder, ¿pudo la economía mundial salir efectivamente de la crisis explosionada en 2008? Walder escribía en marzo de 2016 que podríamos estar ante el fin de un ciclo estructural provocado por las propias contradicciones internas del capitalismo.

l cruzar el umbral del 19 de febrero el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera Ma­richuy, realizarán un balance sobre la búsqueda de que ésta apareciera en la boleta electoral como candidata independiente a la Presidencia de la República, pero sobre todo, acerca del avance logrado en el proceso de organización frente a la embestida neoliberal en curso contra los territorios y los pueblos mismos. A partir de todo ello definirán los rasgos de la siguiente etapa de su lucha, que no se mide con el calendario electoral en curso.

n las postrimerías del sexenio foxista, y en el contexto de la ofensiva neoliberal para el saqueo de los territorios y en contra de toda forma de organización social autónoma, el entonces secretario general del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos (el nombre completo está contenido en la abreviatura SNTMMSSRM) fue sometido a una intensa campaña de acoso judicial y de difamación mediática que se recrudeció a raíz de la tragedia de Pasta de Conchos, de la que ayer se cumplieron 12 años, y de la actitud beligerante que adoptó la organización sindical en defensa de los derechos de sus agremiados. Con la complicidad del entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, el Grupo México (GM), propiedad de Germán Larrea y concesionario de Pasta de Conchos, negó la toma de nota al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, el cual ya había sido acusado el año anterior de malversar 55 millones de dólares que correspondían al acuerdo de privatización de las empresas Cananea y Nacozari en 1990 y que habrían debido ser entregados a la organización gremial por GM. Pero la compañía de Larrea evadió el pago por medio de demandas civiles y a la postre endosó la responsabilidad al líder sindical. Fue una torcedura de la justicia característica de los gobiernos panistas, similar al juicio de desafuero fabricado por el foxismo para impedir que Andrés Manuel López Obrador apareciera en las boletas electorales de 2006. Al mismo tiempo, el corporativo, que cada año obtiene miles de millones de dólares del saqueo de los yacimientos del país, organizó un sindicato blanco para desvirtuar y dispersar las luchas de los mineros en defensa de sus derechos.