De acuerdo con las constancias del juzgado sexto, en poco menos de dos meses, Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pasó de ser una procesada de salud precaria, que no representaba riesgo alguno de evasión y a la cual no se le debía aislar del mundo exterior en su casa, a una persona de riesgo para el Estado mexicano.

Entre el 15 de diciembre y el pasado 13 de febrero, el juez Alejandro Caballero Vértiz, titular de dicho juzgado, ha cambiado sus condiciones de prisión domiciliaria.

La madrugada del domingo 17 de diciembre, Gordillo fue trasladada de un hospital privado a su casa en Polanco, donde además de tener vigilancia permanente en los accesos al departamento, se dijo que en el interior había una agente de la Policía Federal Ministerial que de manera directa observaría sus movimientos.

Asimismo, por decisión judicial se colocó a la maestra un brazalete electrónico y se ordenó la cancelación del acceso a un elevador blindado, considerado de emergencia, que abre de manera directa a su penthouse.

El 22 de diciembre, el mismo juzgado sexto de distrito dio la razón a la defensa de la ex líder magisterial, al considerar que el uso de un brazalete electrónico afectaba su salud, y señaló que las medidas de seguridad autorizadas se otorgaron siempre y cuando no se vulneraran los derechos fundamentales de la procesada, lo que se traduce en que debe garantizarse que no quedara en el aislamiento del mundo exterior. Sin embargo, las condiciones de la prisión domiciliaria cambiaron el miércoles: se le prohibió la visita de cualquier persona, se le limitó el contacto telefónico o a través de medios electrónicos.