El juez de distrito Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte, determinó que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del PRI, y Antonio Enrique Tarín García, ex director de adquisiciones del estado de Chihuahua, serán juzgados en el ámbito federal en el proceso que enfrentan por peculado equivalente a 250 millones de pesos, con lo que la Fiscalía General de Chihuahua y los jueces de esa entidad perdieron la competencia.

La esposa de Tarín García, Luisa Fernanda Apodaca, informó a La Jornada de la resolución para que su cónyuge y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sean juzgados en el ámbito federal: eso significa que tendrán un proceso justo e imparcial.

Resaltó que la federalización de este caso fue consecuencia de un recurso legal en el cual tanto Gutiérrez Gutiérrez como Tarín García solicitaron a la justicia federal su atracción, con el argumento de que ni la fiscalía ni el juzgado común de esa entidad tienen facultades para indagar y buscar respecto de recursos federales.

De acuerdo con la indagatoria desarrollada por la procuraduría de Chihuahua, los 250 millones de pesos que se acusa fueron desviados durante el gobierno de César Duarte, presuntamente se utilizaron para apoyar las campañas de candidatos en 2015.

El abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana informó que la audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, en la que luego de cuatro horas, Moreno García ordenó que el caso se federalice y que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua entregue todo el expediente en los próximos cinco días.

Puntualizó que este asunto aún no concluye, pues el juzgado del fuero común del estado puede interponer un recurso contra el fallo, y entonces corresponderá a un tribunal federal decidir quién tiene la razón.

Durante la diligencia realizada en el área de juzgados federales, se sumaron a la petición formulada por Gutiérrez Gutiérrez y Tarín García representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), tanto el Ministerio Público adscrito a los juzgados como un integrante de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales.

La solicitud de federalización de este caso se inició el 28 de marzo de 2017, cuando se pidió un amparo indirecto contra las órdenes de aprehensión libradas contra los priístas y correspondió resolver el asunto al juzgado primero de distrito, con sede en Ciudad de México, que a pesar de haber concedido una suspensión a Tarín García, fue aprehendido por las autoridades de Chihuahua, quienes le iniciaron el juicio por peculado agravado.

La defensa demostró que las acusaciones contra su cliente deben ser investigadas y, en todo caso, conocidas por jueces federales, toda vez que los recursos que se asegura fueron desviados a campañas políticas provenían de la Federación.

En tanto, Gutiérrez Gutiérrez, coacusado del presunto desvío y triangulación de 246 millones de pesos se encuentra preso también en Chihuahua, y las acusaciones en su contra y una petición de traslado a una cárcel federal generaron confrontaciones entre los gobiernos estatal y federal.